En México, el delito de ejercicio indebido del servicio público se le ha atribuido a varios funcionarios, recientemente a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 muertos.
De acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal, dicho delito se sanciona con uno a siete años de prisión y hasta con 50 días de multa, y no amerita prisión preventiva oficiosa. Por este delito, la exsecretaria federal Rosario Robles fue procesada y permaneció tres años en prisión, en relación con el caso de la “Estafa Maestra“.
Según el artículo, comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales.
También quien continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido.
Asimismo, quien teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia u organismo, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite, si está dentro de sus facultades.
Así como quien, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos.
Y quien teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.
Por esta última causa es acusado Francisco Garduño, quien comparecerá ante un juez en una audiencia inicial el próximo 21 de abril para la formulación de la imputación de los delitos en su contra.
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Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, también fue acusada de ejercicio ilícito del servicio público derivado del caso la "Estafa Maestra", por lo que pasó tres años en prisión preventiva justificada. Sin embargo, un juez la exoneró en febrero pasado por considerar que no cometió un delito sino una falta administrativa.
El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, también siguió un proceso legal por la supuesta compra simulada de un tomógrafo, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado en perjuicio del gobierno estatal. En 2019, el exfuncionario fue sentenciado por este caso.
En tanto, en diciembre del año pasado, Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Hidalgo, informó que Cristian David Guerrero Barragán, exdirector general del Sistema Estatal de Radio y Televisión, fue detenido por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Entre enero y febrero de este año se han iniciado al menos 490 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El año pasado cerró con 4 mil 298 carpetas de investigación por dichos delitos, es decir 11 servidores públicos fueron investigados al día por presuntamente haber cometido un delito.