Por Julio Astorga

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional 29/2023 que fue presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la primera parte de la reforma electoral, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que afecta su autonomía y la capacidad de ejercer sus funciones constitucionales.

El primero de febrero pasado, el INE presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de controversia constitucional en contra del decreto con el que se reformaron las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, y que fue publicado el 27 de diciembre de 2022. 

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De acuerdo con la demanda del INE, con la promulgación de la primera parte de las reformas electorales se vulneran los artículos primero, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución. También se afecta su función como árbitro en las contiendas electorales, al permitir la comunicación social y la propaganda gubernamental.

También se admitió a trámite la controversia constitucional 15/2023 que fue presentada por el municipio de Chihuahua, al señalar que las reformas del plan B afectan su autonomía presupuestaria. 

La semana pasada, el ministro Pérez Dayán otorgó la suspensión en contra de estas reformas al admitir a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos y legisladores de oposición.

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La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal impugnó esa suspensión y acusó al ministro de suspender leyes sin indicios de que exista una afectación al sistema democrático.