Karina Contreras, dueña de la expendedora de pollo cuyos trabajadores fueron secuestrados el viernes pasado por integrantes de la Familia Michoacana, señaló que la fiscalía del Estado de México está fabricando culpables y llamó a la gobernadora Delfina Gómez a intervenir en el caso.
El domingo, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó sobre el arresto de Santiago Ramón "N", quien estaría relacionado con el caso, sin embargo, Karina Contreras indicó este martes que no acudió a la fiscalía para declarar en contra del detenido porque no conoce los motivos de la aprehensión.
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Durante una conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno de Toluca tras una protesta, Contreras señaló que el secuestro de sus trabajadores es parte de una serie de medidas de la organización criminal La Familia Michoacana para que accedan a pagar el cobro de piso.
“Han sacado información de que detuvieron a una persona involucrada y esto es totalmente falso. El día de ayer recibí llamadas por parte de la fiscalía para que fuera a declarar en contra de esta persona, para poder relacionarla e ingresarla al penal. No acudí, ya que desconozco cuál fue la (razón de la) detención de la persona señalada y no lo conozco”, señaló a medios.
Contreras señaló que el secuestro de Jaime Ramos Reyes, de 22 años; Eliseo Escobar Ramírez, de 47; Isidro Díaz Casimiro, de 40 y Rigoberto Colin Consuelo, de 41, es parte de la serie de medidas de represalia que la Familia Michoacana ha tomado tras la negativa de acceder al pago del cobro de piso.
Explicó que primero ella fue secuestrada por esta organización criminal, luego su padre y que también “han quemado las bodegas en las que trabajamos y balaceado las mismas”.
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“En algún momento yo estuve pagando la cantidad de 950 mil pesos quincenales”, señaló Contreras ante varios medios de comunicación. Añadió que aproximadamente hace un año, cuando el pago se volvió insostenible, dejó de cubrir el monto de la extorsión.
Durante la manifestación, los familiares y amigos de los cuatro hombres secuestrados exigieron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que tome cartas en el asunto para mejorar la seguridad del Estado de México.