Cuernavaca, Mor. La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes sobre la aprehensión de Jorge Antonio, quien se desempeña como agente de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Morelos, imputado por el delito de tortura en contra de Luis Alberto, mejor conocido como “El Diablo”, en abril pasado, a partir de la orden del propio fiscal Uriel Carmona Gándara.
La detención ocurrió esta mañana en Cuernavaca, aunque no se precisó el lugar y sólo circuló la imagen de una motocicleta perteneciente supuestamente a Jorge Antonio, misma que fue abandonada en la calle. La aprehensión se dio tras una orden de un juez federal.
En abril pasado, tres trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), dos hombres y una mujer, desaparecieron cuando viajaban de la Ciudad de México hacia Cuernavaca. Unos días después sus cuerpos aparecieron en el municipio de Huitzilac, y según la policía, en la casa de “El Diablo” aparecieron pertenencias de las víctimas.
El 16 de abril fue detenido y acusado de los tres homicidios. Sin embargo, una jueza de control determinó unos días después la liberación inmediata de Luis Alberto, y acusó que había sido víctima de tortura por parte de elementos de la fiscalía de Morelos.
“El Diablo” fue dejado en libertad y luego subió un video a redes sociales en el que afirma que Uriel Carmona directamente lo había torturado para declararse culpable.
El 13 de septiembre pasado, cuando el fiscal Uriel Carmona ya tenía más de un mes detenido, le fue imputado el delito de tortura.
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Un juez de Morelos decidió que este delito debería ser perseguido por la FGR. Como parte de ese proceso, que continúa en contra de Carmona, esta mañana fue detenido uno de los presuntos autores directos de la tortura.
Vinculan a proceso a "brazo derecho" de Uriel Carmona
Homero Fuentes Ayala, detenido el 31 de octubre, quien se desempeñara como coordinador Administrativo de la fiscalía general, fue vinculado a proceso este lunes y le fue confirmada la prisión preventiva justificada.
Los delitos que le imputan son el incumplimiento de funciones públicas, coalición con otros servidores públicos para cometer delitos, entre otros.
El juez determinó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
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