Más de 100 asociaciones que luchan por los derechos de la comunidad LGBTQ+ exigieron a Claudia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred), pronunciarse de manera contundente sobre las muertes del magistrade Ociel Baena Saucedo y de Dorian Herrera, su pareja, para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.
Las 101 organizaciones y 312 activistas firmantes hicieron público en redes sociales el documento en el que también solicitan a la Conapred que se pronuncie por los mensajes de odio hacia la comunidad que son difundidos en redes sociales.
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"A raíz de las violaciones evidentes de la Fiscalía de Aguascalientes sobre los derechos de las víctimas y de sus familiares, hemos exigido que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y le dé el seguimiento prioritario y adecuado", se lee en el documento.
Solicitaron que el Conapred se pronuncie sobre lo sucedido para que la FGR "atraiga el caso y lo investigue con base en derechos humanos y con perspectiva de diversidad sexual y de género".
En el mismo comunicado, los firmantes se identificaron como víctimas indirectas por las muertes de Baena y de Herrera.
\ud83d\udce3 Comunicado 27 de noviembre #JusticiaParaOciel #JusticiaParaDorian #NiUnxMenos pic.twitter.com/nzK4oDxkHp
\u2014 Movimiento Arcoíris por México (@MovArcoirisMex) November 27, 2023
Acusaron que los fallecimientos fomentaron una oleada de mensajes de odio y amenazas en redes sociales. También aumentó la discriminación por parte de los medios de comunicación, que, indicaron, revictimizaron a los afectados y a sus familias; afectando también los derechos y libertades de las personas que pertenecen a la diversidad sexual y de género.
Entre las solicitudes también se encuentra la atención prioritaria a las denuncias por "pronunciamientos de discurso de odio por parte de periodistas, personas servidoras públicas y representantes legislativos".
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Pidieron también la instauración de una mesa permanente de intercambio y trabajo conjunto para prevenir actos de discriminación en contra de miembros de la comunidad LGBTQ+.
"México está en la lista de países más peligrosos y violentos contra las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Somos al menos cinco millones de personas que pertenecemos a esas poblaciones con derechos y libertades violentadas de manera permanente", aseguraron en el oficio.