La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles que el gobierno de Nuevo León publique el decreto con el que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) pasa de la Secretaría de Finanzas a la fiscalía local.
En la sesión de este miércoles, los ministros determinaron que el gobierno de Nuevo León cometió una omisión, ya que no difundió el decreto que fue aprobado previamente por el Congreso de Nuevo León.
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Los legisladores locales habían avalado el 15 de junio de 2022 una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
El gobierno de Nuevo León contaba con un plazo de 10 días para formular observaciones sobre la modificación y aunque la presidencia del Congreso loca ordenó la publicación en el periódico oficial, eso no ocurrió.
Ante esta decisión, el Congreso de Nuevo impugnó, a través de una controversia constitucional, en la que acusó que la omisión del gobierno violó la división de poderes.
El asunto fue identificado como la controversia constitucional 272/2022 y la ministra Ana Margarita Ríos Farjat presentó el proyecto.
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En su análisis, la Primera Sala determinó que es inconstitucional no publicar el decreto y ordenó que el gobierno cumpla con este mandato en un plazo de 15 días.
El Congreso de Nuevo León indicó en junio de 2022 que avaló reformas para que la UIFE se convierta en un órgano autónomo y que no dependa del Ejecutivo.
Los legisladores indicaron que con esta modificación se crearía la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF) que investigaría los delitos económicos, así como las operaciones con recursos de procedencia ilícita.