Por Mauricio Villalón / Corresponsal
Querétaro.- El vocero de la arquidiócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, señaló que cuando las leyes no son justas, no existe la obligación de obedecerlas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto.
"A pesar de que haya una determinación de la Suprema Corte, si las leyes no son justas, no estamos obligados a obedecerlas", dijo en su conferencia de prensa.
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"Nosotros siempre lucharemos a favor de la vida por todos los medios que estén a nuestra disposición, sea catequético, pastorales, legislativos, sociales, a nivel de comunicación, la vida es primero y si vulneramos la vida, vulneramos al ser humano y vulneramos la sociedad", dijo Lara Becerril.
La legisladora del PRI Graciela Juárez, presidenta de la mesa directiva en el Congreso local, reconoció que era momento de legislar sobre el tema aun cuando ella se ha pronunciado contra el aborto.
"Yo he fijado mucho mi postura, estoy a favor de la vida, pero también respeto el estado de Derecho y los pronunciamientos de la Suprema Corte, creo que es un tema que jurídicamente tendrá que llegar al Congreso de Querétaro y por supuesto, como representantes, es nuestra obligación legislar en el tema".
Manuel Pozo, presidente de la Fracción Parlamentaria del Partido Querétaro Independiente en el Congreso local también aseguró que al interior su grupo no dará un paso atrás en la oposición al aborto.
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La asociación civil feminista ADAX Digitales informó, a través de su coordinadora Mayra Dávila, que la semana pasada se ingresó un amparo por omisión legislativa contra el gobierno de Querétaro y el Congreso local porque no han homologado su Código Penal, luego de que la Suprema Corte concedió un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), con el que despenalizó el aborto a nivel federal.
Ello generó que se declarara inconstitucional el sistema legal que sanciona el aborto según el Código Penal Federal, argumentando que este sistema viola los derechos humanos de mujeres y personas con capacidad de gestación, lo que obliga a los estados a reformar sus códigos penales.