Luego de que un juez ordenara a la Fiscalía General de la República (FGR) dar acceso al exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, a una carpeta de investigación en su contra, un tribunal federal resolvió como improcedente la entrega de los documentos.
A través de una reunión virtual, los integrantes del Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México resolvieron así la queja promovida por la FGR, y contenida en el expediente 169/2022, contra la orden del juez del Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México con la cual se pretendía entregar la carpeta de investigación a Scherer.
Puedes leer: FGR niega a Julio Scherer Ibarra el acceso a la carpeta de investigación por el caso de Juan Collado
Scherer, quien fue acusado de extorsionar al abogado Juan Collado, había solicitado a la FGR una copia completa de la carpeta de investigación del caso, por lo que el organismo procedió a presentar una queja ante el tribunal.
La decisión de tribunal llega tras la solicitud de Scherer, que tenía como antecedente el juicio de amparo indirecto 307/2022 promovido por Julio Scherer el pasado abril contra la FGR por haberse negado a su solicitud de dichos documentos, los cuales siguen la línea de investigación en el caso de extorsión.
Fue desde el pasado 17 de mayo cuando la FGR respondió a Scherer que no le entregaría la carpeta de investigación debido a que aún no está calificado como imputado.
El 7 de junio, Scherer solicitó una ampliación de la demanda de amparo y la FGR le respondió que estaba imposibilitada de dar a conocer las constancias que integran la carpeta de investigación.
Fue entonces que la Fiscalía presentó la queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, luego de que un juez de amparo buscara imponer una multa económica en caso de no cumplir con la sentencia para que Scherer obtuviera la carpeta de investigación.
Scherer, quien renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador en septiembre del año pasado, fue denunciado por los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias y asociación delictuosa, entre otros.