El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que los últimos cinco expresidentes de la República no son sus enemigos, pero sí sus adversarios, ya que durante sus respectivos mandatos aplicaron una política que el actual mandatario dijo se ha dedicado a combatir.
“Nosotros no tenemos enemigos, no es mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Zedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos, ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre”, dijo el presidente en su conferencia mañanera.
El presidente reiteró que nunca estuvo de acuerdo con la manera de gobernar de los expresidentes del PAN y del PRI, pero nunca buscó llegar más allá de la política para convertirlo en algo personal.
“Las diferencias son de orden político, no en lo personal, yo no odio”, apuntó.
“Lo que creo es que esa política que ellos impulsaron y llevaron a la práctica benefició a minorías, auspició la corrupción y produjo el atraso de México y el empobrecimiento de nuestro pueblo, ese es el fondo del asunto”, añadió AMLO.
El mandatario también uso de ejemplo su desacuerdo con la administración de Carlos Salinas, y señaló que siempre lo acusó de “haber entregado los bienes de la nación a particulares de manera precisa a sus allegados”.
Lee también: Padres de los 43 normalistas exigen al gobierno de AMLO que llame a declarar a Peña Nieto por el caso Ayotzinapa
Desde que llegó a la presidencia en 2018, López Obrador reiteró que su gobierno no buscaría iniciar una persecución contra los expresidentes por presuntos delitos de corrupción en su momento.
En 2020, cuando se propuso una consulta ciudadana para enjuiciar a los exmandatarios, AMLO aseguró que el votaría en contra. “Lo he dicho porque creo que no debemos de anclarnos en el pasado”, dijo en aquella ocasión en una conferencia de prensa, a pesar de haber promovido la consulta.
El presidente dijo que la autoridad competente sería la encargada de decidir si se abrirían procesos en contra de los expresidentes tras la consulta popular que se celebró a principios de agosto del año pasado. La cual dijo “no era un juicio sumario” luego de no conseguir el 40% de la participación ciudadana requerida para ser vinculante.