Efe.- Greenpeace México exhortó este jueves al canciller Marcelo Ebrard a tomar una posición ambiciosa en la negociación por un Tratado Global de los Océanos, ante la cercanía de la Cuarta Conferencia Intergubernamental.
"Pedimos al canciller Marcelo Ebrard comprometerse a una representación a nivel ministerial en la próxima ronda de negociaciones y hacer pública la postura del Gobierno mexicano a favor del objetivo 30×30 (proteger el 30% de los océanos para 2030) y de la aprobación de un Tratado Global de los Océanos fuerte que permita alcanzar este objetivo", señaló Ornela Garelli, representante de Océanos al frente.
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Los activistas entregaron una carta al Consejero Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la que se informa que más de 4 millones de personas a nivel global, entre ellas más de 250 mil de México, han firmado por la protección de los océanos.
Señalaron que actualmente menos del 3% de las aguas internacionales están protegidas ” y de acuerdo con las recomendaciones científicas este porcentaje debería elevarse al menos hasta el 30%”.
Garelli destacó que México es un país líder en América Latina que ha buscado atraer a más países a favor del Tratado y apoya el objetivo de que se logre un acuerdo final en la IGC4 en 2022, luego de que las negociaciones se pospusieran cerca dos años debido a la pandemia.
Denunció que los países han recibido presiones de industrias que quieren seguir explotando los océanos.
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“Por ello, se requiere construir un mayor consenso entre naciones en torno a la creación de más áreas marinas protegidas (AMPs) y al establecimiento de mecanismos más robustos para su vigilancia y protección”, precisó.
Greenpeace señaló que hasta ahora, México y otros países latinoamericanos se han enfocado en que el Tratado otorgue más recursos para desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología y uso de recursos genéticos marinos en lugar de promover la creación de más áreas marinas protegidas (AMPs).
Sin embargo, pidieron que México respalde la postura en torno a un Tratado que otorgue autoridad a una Conferencia de las Partes (CoP) para poder gestionar la conservación, con un plan de manejo y medidas concretas, pues hasta ahora el país solo ha abogado por mantener el papel de los organismos ya existentes en la protección oceánica.