La saxofonista María Elena Ríos, víctima de intento de feminicidio con ácido en 2019, denunció ayer a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, por violencia institucional ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Fiscalía General de la República (FGR).
En su denuncia, la activista acusó que fue víctima de varias violencias por parte del gobernador pese a existir la recomendación 28/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida el 18 de febrero de este año.
En dicha recomendación, el organismo instruyó al gobernador de Oaxaca a ofrecer una disculpa pública a la saxofonista, pagar sus tratamientos, así como a implementar varias medidas de reparación del daño.
Sin embargo, Murat no acató la recomendación pese a que este 30 de noviembre es su último día como gobernador de Oaxaca; mañana tomará posesión el morenista Salomón Jara.
Además, la activista denunció al gobernador por delincuencia organizada luego de que lo señaló de tener vínculos con el robo de hidrocarburos, practica conocida como “huachicoleo“.
“Temo por mi vida y de mi familia, pues también denuncié hechos posiblemente constitutivos de delincuencia organizada“, publicó en su cuenta de Twitter.
Ayer, María Elena Ríos en una conferencia de prensa en el Zócalo capitalino denunció que Murat programó su disculpa pública para el 28 de noviembre con la condición de que estuviera presente Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, sin embargo, el mandatario incumplió su responsabilidad.
La saxofonista expresó que tras ser violentada y revictimizada de todas las maneras posibles, una disculpa pública es lo mínimo que merece.
"Mínimo lo que merezco y no solamente lo que yo merezca, porque si una disculpa pública me devolviera mi piel, si una disculpa pública detuviera a mis agresores y los sentenciara, pues que me den la disculpa pública. Por qué la estoy solicitando, porque una disculpa pública redignifica la vida de las mujeres, esta permite aceptar y reconocer que Oaxaca es un estado feminicida", manifestó.
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Además, acusó que el gobierno de Oaxaca le adeuda 150 mil pesos que pagó para sus tratamientos médicos.
Por su parte, Diana Cristal González, abogada de la saxofonista, acusó que la FGR no ha atraído el caso de María Elena Ríos pese a que cumple con los requisitos y lo recomendó la CNDH.
La víctima, de 28 años de edad, fue agredida con ácido en su rostro y cuerpo el 9 de septiembre de 2019. Sin embargo, hasta el momento sus agresores materiales e intelectuales no han recibido ninguna sentencia.
Incluso José Antonio Vera Hernández, hijo del exdiputado del mismo nombre y señalado de ser su agresor, no ha sido detenido porque existe un pacto, acusó la activista.