Mauricio Toledo solicitó este miércoles una licencia por tiempo indefinido como diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), minutos antes de que en San Lázaro comience la discusión sobre su desafuero.
Toledo es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por el delito de enriquecimiento ilícito.
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A través de Twitter, el legislador señaló que pidió licencia a partir de este miércoles porque acusó no tener un trato imparcial por parte de las autoridades, aunque dijo que no teme enfrentar a la justicia.
Mauricio Toledo incluyó en su publicación una copia del documento que presentó ante la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, para que se presente ante el pleno en San Lázaro para que se someta a su consideración.
“Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”, explicó en la petición.
De acuerdo con el dictamen avalado por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el exdelegado de Coyoacán no pudo comprobar que el aumento de su patrimonio fuera legítimo, como sostuvo la Fiscalía capitalina en su carpeta de investigación.
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Según el documento, las autoridades señalaron que el legislador adquirió entre 2009 y 2011 una finca ubicada en la alcaldía Tlalpan por un valor de 5 millones 577 mil pesos. Sin embargo, en ese mismo periodo, únicamente tuvo 3.5 millones en ingresos, los cuales eran insuficientes para la compra.
El legislador argumentó que solicitó un préstamo y, con ello, logró concretar la operación, pero las autoridades detectaron que en esos años también realizó otras erogaciones como la compra en efectivo de un departamento valuado en un millón 300 mil pesos, el enganche para otro inmueble y una camioneta.
Es decir, el exdelegado de Coyoacán erogó 7 millones 303 mil 900 pesos en tres años, mientras que sus pruebas documentales indican que, incluso con el préstamo, no superó los 5 millones 90 mil pesos en ingresos. Además, la FGJ-CDMX realizó peritajes donde se determinó que la finca en realidad estaba valuada en 10 millones 504 mil pesos.