Francisco Hiram “N”, alías “El Morocho“, fue vinculado a proceso con la medida de prisión preventiva por haber asesinado a Tomás Rojo Valencia, líder de la etnia yaqui en Sonora que encabezó una serie de protestas por el derecho al agua y al libre tránsito para sus comunidades.
Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), “El Morocho” fue acusado del delito de “homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como asociación delictuosa”.
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El agresor tiene 26 años y es considerado por las autoridades como el presunto autor material del asesinato de Tomás Rojo tras una investigación que contó con “sólidos datos de prueba”.
“El posible móvil está relacionado con personas que pudieran estar vinculadas con grupos criminales, con intereses ajenos al pueblo originario Yaqui, interesados en beneficiarse ilícitamente con el cobro de cuotas en el tramo carretero”, precisó la autoridad local mediante un comunicado.
La FGJE también recordó que Tomás Rojo fue un activista que impulsó la instalación de una caseta de cobro en el tramo de la autopista internacional que atraviesa por su territorio, con el objetivo de que el pueblo yaqui fuese “beneficiado” económicamente.
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El cuerpo de Rojo Valencia fue encontrado el 17 de junio, semienterrado en una fosa clandestina en la comunidad de Vícam, en Guaymas. La causa de su muerte fue un traumatismo craneoencefálico por lesiones producidas por contusión directa.
En 2010, este líder yaqui encabezó la llamada guerra por el agua en el estado de Sonora, que se desató cuando el gobierno local anunció la construcción del “Acueducto Independencia” para llevar agua desde la cuenca del Río Yaqui hacia Hermosillo, donde actualmente se abastece a más de 300 mil personas y que inició operaciones en 2013.
Debido a la inconformidad de los yaquis con la sobreexplotación de sus recursos naturales, la tribu implementó una protesta donde disponían puntos de cobro en la carretera federal México 15, que en Sonora atraviesa por 90 kilómetros el territorio que habita la tribu, entre los municipios de Cajeme y Guaymas.
En los últimos cuatro meses, además de la desaparición y el homicidio de Rojo Valencia, ocurrieron al menos otros dos crímenes de indígenas yaquis, como el asesinato de Agustín Valdez, hijo del gobernador tradicional en Loma de Guamúchil y jefe de seguridad en el bloqueo carretero.
También está la ejecución a balazos de Luis Urbano Domínguez Mendoza, asesinado cuando salía de un banco en Ciudad Obregón, Sonora.
Actualmente, el gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), negocia con la Guardia Tradicional (que conforman ocho gobernadores tribales) el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, el cual pretende resolver las demandas históricas para el desarrollo social, económico, territorial y de preservación de sus recursos naturales.
Con información de EFE.