AP.- Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones humanitarias cuestionaron este jueves la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del espionaje telefónico vinculado al malware Pegasus y exigieron a las autoridades mexicanas la aprobación de la regulación que combata ese tipo de actividades y controle la compra e importación de esa tecnología.
A cuatro años de las primeras denuncias realizadas en México sobre espionaje telefónico, que han sido corroboradas en la investigación realizada por un consorcio global de medios que revelaron el uso del malware de NSO Group, con sede en Israel, para espiar miles a periodistas, activistas y políticos, AI y las ONG Artículo 19, Consorcio Oaxaca, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan expresaron inquietud por las actuaciones que ha realizado hasta la fecha la Fiscalía General y denunciaron, durante una conferencia de prensa virtual, pocos avances en el caso.
El activista Vladimir Cortés, de la organización Artículo 19 \u2014que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información\u2014 manifestó preocupación por la actitud de la Fiscalía General, a la que señaló de "modelar una especie de simulación para fingir que se está cumpliendo con sus labores de investigación transparencia y revisión de cuentas cuando en realidad su actuación ha mostrado ser insuficiente e incapaz".
"Esto (del espionaje) no se puede quedar en la impunidad", indicó la activista Yesica Sánchez, del Consorcio Oaxaca, al exhortar a la Fiscalía General a realizar una investigación "sigilosa" y "profesional".
Las autoridades mexicanas anunciaron esta semana que localizaron 31 contratos vinculados al programa Pegasus suscritos por diferentes departamentos de seguridad durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto ( 2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012) valorados en unos 61 millones de dólares.
La Fiscalía General dijo que estaba avanzando una averiguación sobre los contratos que suscribió la empresa mexicana KBH TRACK, que utilizó NSO Group, con el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien se encuentra ahora Israel y tiene pendiente un proceso judicial en México.
Tras reconocer de que no había certeza de que las prácticas de espionaje telefónico hayan cesado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares, exigió a las autoridades la divulgación de los contratos de Pegasus así como de otros de ese tipo.
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Olivares exhortó al gobierno de López Obrador a que reconozca que hubo violación de derechos humanos, asuma "su responsabilidad como Estado", repare a las personas que fueron vigiladas y se establezcan garantías de no repetición. "Necesitamos una legislación adecuada, respetuosa de los derechos humanos, que nos garantice a todas las personas que no vamos a ser espiadas", agregó.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, sostuvo que mientras no se depuren los cuerpos de seguridad persistirá la estructura de vigilancia a defensores de derechos humanos, periodistas y víctimas, y exigió al gobierno acciones "más contundentes" para terminar con la estructura de espionaje.
La investigación del conglomerado de medio dejó al descubierto una lista de más de 50 mil números de teléfonos celulares que fueron espiados que incluyó a 189 periodistas, más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, al menos 65 ejecutivos de negocios, 85 activistas de derechos humanos y varios jefes de Estado de distintos países del mundo.
En el caso de México se identificaron más 700 políticos mexicanos, entre ellos López Obrador, decenas de defensores de derechos humanos, abogados, religiosos, médicos, líderes sindicales, y por lo menos 25 periodistas, incluido el comunicador Cecilio Pineda quien fue asesinado a tiros en marzo de 2017.
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