La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite este jueves un recurso de reclamación que promovieron legisladores de oposición en el Senado luego de que un ministro desechó su acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de Hidrocarburos.
En su cuenta de Twitter, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la impugnación fue turnada a la Segunda Sala de la Corte, donde se analizará si se revoca el acuerdo que dictó el ministro Alberto Pérez Dayán.
Te podría interesar: Ministro de la SCJN desecha recurso de inconstitucionalidad de senadores contra Ley de Hidrocarburos
“Yo espero que con ello pueda ser aceptada esta acción que presentamos y entonces se logre discutir en el propio Poder Judicial sobre este tema tan importante para el país”, expresó el legislador del PRI.
El pasado 24 de junio, el ministro Pérez Dayán desechó “por notoria improcedencia” el recurso de los senadores. En su argumentación, indicó que la demanda no contaba con la firma autógrafa de todos los legisladores que promovieron la acción de inconstitucionalidad.
"Las consideraciones anotadas en este proveído evidencia en que se llevó a cabo una revisión exhaustiva de los documentos exhibidos, de los cuales se ha subrayado su identidad en cuanto a contenido, principalmente por lo que hace a la falta de firma autógrafa de los promoventes, lo que quedó anotado desde la certificación asentada por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia", expone el acuerdo.
Los senadores afirman que las reformas a Ley de Hidrocarburos violan, entre otras cosas, los principios de legalidad y seguridad jurídica porque permite acciones arbitrarias en contra de empresas particulares para favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex).
También lee: Otro tribunal revoca suspensiones a la reforma eléctrica de AMLO y permite su entrada en vigor
También acusan que la Ley de Hidrocarburos contraviene los principios de libre competencia e igualdad. Además, “impacta la retroactividad, confianza legítima y estabilidad regulatoria, que son principios tutelados por la Constitución”.