El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó este miércoles interponer una controversia constitucional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), luego de que consideró que el organismo no tiene recursos asignados suficientes en 2021 para implementar este sistema y que la operación del padrón va en contra de su autonomía.
"El Instituto no podría destinar en este momento recursos al PANAUT, por lo que el pleno consideró que no existe justificación para que el legislador determine que el IFT deba realizar las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de instalar, operar, regular y mantener dicho padrón, se hagan con cargo a su presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes", informó el IFT en un comunicado.
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El IFT es un organismo autónomo y por lo tanto éste puede administrar su presupuesto anual con las necesidades que considere. El presupuesto del instituto para el 2021, según consignó el mismo organismo, asciende a 510 millones de pesos.
La creación del PANAUT obliga a que los consumidores que quieran adquirir una línea telefónica móvil, tengan que entregar sus datos biométricos a las empresas que brinden este servicio. Estos datos son huellas dactilares, reconocimiento facial o de voz.
Según la propuesta aprobada por los legisladores, el IFT se encargará de implementar el padrón y éste contará con esos datos biométricos.
"El Pleno consideró que el acto legislativo contiene elementos que podrían contraponerse con el mandato del IFT de garantizar los derechos contenidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución, así como de favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que son derechos fundamentales", sostuvo el organismo en otra parte de su comunicado.
El IFT indicó que con la controversia constitucional busca garantizar su autonomía presupuestal, así como un "ejercicio eficaz y oportuno de las facultades" del instituto y fines que constitucionalmente están encomendados al organismo, a través de los mecanismos previstos por la Constitución.
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