Blanca Lobo Domínguez, jueza Décima Segunda de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó la suspensión definitiva de la extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), luego de que el año pasado el Congreso aprobó la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos el mencionado.

El Fidecine respaldó la hechura de casi 300 filmes desde 2002, la quinta parte de la producción total mexicana en los últimos 18 años.

La finalidad de dicho fondo es brindar un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales.

Por ello, la resolución fijada por la jueza declara que "con la medida cautelar solicitada por la parte quejosa (la cineasta Marcela María Elena Fernández y Violante) se busca que no se extinga el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y, con ello, se continúe brindando un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones".

También lee: Morena propone que 15% del tiempo de proyección en salas de cine sea para películas mexicanas

Dichos fondos adjudicados a Fidecine, se indicó, seguirán en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales.

Se advierte que el efecto de la suspensión implicaría el impedir que se emita el acto por el cual se extinga el citado fondo con lo que no se afecta el interés social.

"Así pues, en relación con el interés social, la suscrita estima que con el otorgamiento de la medida cautelar a efecto de que no se realice ningún acto o proceso para extinguir el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y particularmente, para que no se suscriba ningún convenio de extinción o terminación del mismo, y que se mantengan las cosas en el estado que guardan, no implica desatender una necesidad colectiva (orden público)", precisa la resolución.

La juzgadora garantizó que el fomento a la industria cinematográfica es una cuestión de orden público y de interés social, cuya paralización conlleva una afectación al interés general.

"Por tanto, si el acto reclamado tiende a extinguir el fondo creado para fomentar la industria cinematográfica, ello impacta contra el derecho a la cultura de todos los mexicanos", explicó.