La abogada laboral y activista Susana Prieto dijo el miércoles que apeló una orden judicial que le prohíbe entrar al estado de Tamaulipas, argumentando que viola un nuevo acuerdo comercial al impedirle luchar por los derechos de los trabajadores.

La prohibición de dos años y medio de Tamaulipas, un estado que alberga docenas de fábricas que forman parte de la cadena de suministro entre Estados Unidos y México, fue una condición para la liberación de Prieto la semana pasada, tras pasar casi un mes en la cárcel por cargos vinculados a una protesta sindical.

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Prieto dijo que representa a mil trabajadores fabriles en casos bajo revisión en la Junta Local Especial Nº 6 de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas.

Su detención llevó a líderes sindicales estadounidenses y a legisladores demócratas a pedir su liberación, citando el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que busca garantizar la independencia sindical y los derechos de los trabajadores en México.

“Los trabajadores de Tamaulipas se han quedado sin su defensora”, dijo Prieto, fundadora de un sindicato independiente, en una conferencia de prensa.

En una audiencia para el caso de Prieto llevada a cabo por video, cuya grabación fue vista por Reuters, una jueza estatal dijo que ella podía volver a Tamaulipas sólo para futuras comparecencias en la corte, pero que por lo demás debía “dejar de frecuentar” el estado.

La oficina del fiscal de Tamaulipas dijo en una declaración que Prieto ya no podía entrar en la junta laboral de Matamoros, sin detallar una prohibición más amplia.

Los trabajadores de Tridonex, una unidad de la firma estadounidense de autopartes Cardone Industries, protestaron frente a la misma junta laboral en marzo, exigiendo una nueva y mejor representación.

Las autoridades de Tamaulipas señalaron a Prieto por organizar al grupo, que dijeron que era violento, acusándola de haber cometido delitos contra servidores públicos. Prieto niega los cargos. Sus abogados presentaron una apelación el lunes para revocar la orden del tribunal.

Con información de Reuters