Por Carlos Loret de Mola
Canadá, Alemania, Francia, Italia, España, Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no lo hiciera\u2026 y lo hizo: de un manotazo se quedó con el monopolio de la generación de energía eléctrica, lo que significa ponerse un peldaño antes de expropiar empresas privadas. Y encima, el que va a manejar todo esto es el funcionario más cuestionado de su administración: Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esto puede tener tres consecuencias graves para los mexicanos: que llegue más caro el recibo de luz, que existan frecuentes apagones en grandes porciones del territorio y que se contamine mucho más el medio ambiente pues se privilegia la generación de energía eléctrica con carbón y petróleo, paralizando inversiones en energía solar y eólica.
También podría ser devastador para el gobierno: el presidente ha justificado esta medida con declaraciones que tienen un tufo contra la inversión extranjera por lo que se prevé que las empresas afectadas (japonesas, francesas, españolas, italianas) lancen una lluvia de demandas contra el gobierno mexicano en tribunales internacionales, argumentando la violación a unos 30 tratados de protección de inversiones. Si ganan los juicios, México tendrá que pagar cantidades de dinero que pondrían contra las cuerdas a las finanzas públicas.
¿Cómo lo hizo el gobierno? Como en las épocas del viejo régimen priista, cuando las más duras medidas económicas se anunciaban en fin de semana, aprovechó la crisis del coronavirus como argumento y ayer viernes por la noche publicó un Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para cambiar las reglas a las empresas que generan energía eléctrica y se la venden a la CFE: en vez de que el gobierno esté obligado a adquirir la energía eléctrica más barata disponible y luego venderla a los ciudadanos, ahora comprará primero la que genera el propio gobierno, aunque sea 7 veces más cara en promedio y aunque sea más contaminante.
Se trata de un nuevo arranque del gobierno de México contra los inversionistas extranjeros. Quizá en el peor momento: cuando apenas inicia la que se apunta como la crisis económica más grave de toda una era, consolidando así su imagen internacional de ser un gobierno hostil al capital privado, una actitud que, incluso antes de que llegara la desgraciada pandemia, debilitó el crecimiento económico y la creación de empleos, y empujó a la baja las calificaciones crediticias del país. Según cifras de la industria, este manotazo eléctrico pone en riesgo 78 mil empleos directos.
La medida motivó que un funcionario de alto nivel renunciara al gobierno de México: anoche en su cuenta de Twitter, César Hernández Ochoa anunció su salida de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Fue de los pocos funcionarios que el gobierno actual contrató de la administración anterior: pasó de ser subsecretario de electricidad a cabeza de la Conamer.
Según muestra el intercambio de comunicaciones y correos electrónicos entre funcionarios, a pesar de que de manera oficial Conamer comunicó a la Secretaría de Energía que el acuerdo que pretendía publicar no cumplía con los requisitos mínimos (como un estudio de impacto regulatorio), lo publicó. Esto podría acarrear complicaciones legales muy profundas para el gobierno.
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El presidente López Obrador y su gabinete económico dieron el "manotazo eléctrico", a pesar de que veinte embajadores (19 de la Unión Europea y el de Canadá) enviaron cartas a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, pidiéndole audiencia para evitar lo que consideraron "impactaría negativamente 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados de la República, lo que pondrá en riesgo inversiones, incluyendo las de empresas de la Unión Europea, que superan los 6 mil 400 millones de dólares", según escribió Jean-Pierre Bou, el representante del bloque europeo en México. Canadá sumó a la lista de daños inversiones por aproximadamente 450 millones de dólares.
Con la atropellada publicación en el Diario Oficial de la Federación del "Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional", el gobierno mexicano manda otra pésima señal a la inversión privado, nacional y extranjero: un berrinche del gobierno puede cambiar las reglas.
Este nuevo arranque se suma a otros que han ido minando la confianza del gobierno de México: la cancelación del aeropuerto, el mal manejo de Pemex, la obsesión por el pésimo negocio que es la refinería de Dos Bocas, la cancelación de la cervecera en Mexicali, y quizá el más grave de todos, que se parece muchísimo al episodio actual: cuando la CFE, que encabeza el desprestigiadísimo Manuel Bartlett Díaz, protagonista de un sinfín de escándalos en esta administración, decidió cancelar los contratos de los gasoductos.
En ese entonces, saltaron el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el canciller Marcelo Ebrard y el consejero jurídico Julio Scherer, y advirtieron al presidente López Obrador que una medida así podría generar tal desconfianza que cancelaría sus pretensiones de encabezar una Cuarta Transformación y daría al traste con su gobierno. El presidente aceptó dar marcha atrás a las malas ideas de la dupla Nahle-Bartlett, y con la intermediación del líder empresarial Carlos Salazar Lomelín, los contratos se renegociaron, aunque, claro, a un costo más alto para los mexicanos.
Esto apunta en la misma dirección. Y de implementarse, podría salir carísimo a los mexicanos.