AP.- Un excongresista de Miami y amigo de antaño del secretario de Estado, Marco Rubio, fue declarado culpable el viernes en relación con una campaña secreta de cabildeo de 50 millones de dólares en nombre de Venezuela durante el primer gobierno del presidente Donald Trump.

Rivera fue reclutado directamente por la entonces canciller Delcy Rodríguez —actual presidenta interina de Venezuela— para aprovechar sus conexiones en el Congreso e intentar que el gobierno de Trump abandonara su postura intransigente contra el régimen de Nicolás Maduro.

Los miembros del jurado declararon culpables al republicano David Rivera y una asociada, Esther Nuhfer, de todos los cargos, entre ellos, no registrarse como agente extranjero ante el Departamento de Justicia y conspiración para cometer lavado de dinero como parte de su trabajo para el gobierno del expresidente Nicolás Maduro.

Tal como hizo durante todo el juicio, Rivera permaneció impasible mientras el jurado emitía su veredicto.

Rivera, de 60 años, estaba en libertad bajo fianza, pero la jueza Melissa Damian ordenó que fuera puesto bajo custodia, al considerar que representaba un riesgo de fuga porque tiene acceso a fondos considerables, enfrenta una posible condena de prisión prolongada y enfrenta cargos federales adicionales en Washington, D.C., en un caso relacionado con cabildeo extranjero.

El juicio, que duró siete semanas, ofreció una mirada inusual al papel de Miami como cruce de caminos de campañas de influencia extranjera destinadas a dar forma a la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica, y que subraya la reputación de la ciudad como imán para la corrupción y para cruzados anticomunistas dentro de su numerosa población exiliada.

El proceso incluyó el testimonio de Rubio, del congresista de Texas Pete Sessions y de un destacado cabildero de Washington, todos los cuales declararon que quedaron impactados al enterarse tardíamente del contrato de consultoría de Rivera con una filial en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

“Estas condenas exponen una verdad simple: los acusados vendieron acceso e influencia a un régimen extranjero hostil por dinero”, dijo el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. “En el sur de Florida, donde tantas familias huyeron de la opresión comunista, ese tipo de traición tiene un peso real”.

Los abogados de Rivera dijeron que planean apelar.

Como parte de la ofensiva de seducción, alegaron los fiscales, Rivera y Nuhfer, que una consultora política manipuló a amigos influyentes, entre ellos, Rubio y Sessions, como “peones en un tablero de ajedrez”.

El objetivo: intentar normalizar las relaciones con el nuevo gobierno de Trump en un momento en que el gobierno de Maduro era sacudido por graves acusaciones de violaciones de derechos humanos.

“Mientras el dinero seguía entrando, no les importaba de dónde venía”, dijo el fiscal Roger Cruz refiriéndose a los acusados durante los alegatos finales.

Un “enorme secreto” amenazaba con dañar la carrera política de Rivera

Pero ambos guardaron el “enorme secreto” y no revelaron su labor de cabildeo como se exige, por temor a que eso hubiera terminado con la carrera política de Rivera como firme anticomunista, sostuvo Cruz.

Para ocultar su trabajo, alegaron los fiscales, Rivera también creó un grupo de chat cifrado llamado MIA —por Miami— con su principal enlace con el gobierno de Maduro: el magnate venezolano de los medios Raúl Gorrín, quien posteriormente fue acusado en Estados Unidos de sobornar a altos funcionarios venezolanos.

Los integrantes del grupo usaban palabras claves juguetonas para hablar de sus actividades: Maduro era el “conductor del autobús”, Sessions el “Sombrero”, Rodríguez “La Dama de Rojo” y los millones de dólares, “melones”, según copias de mensajes de texto presentados ante el jurado.

“Todo giraba en torno a La Luz”, dijo Cruz, palabra que Rivera y otros usaban repetidamente para hablar de pagos desde Caracas.

Los abogados de Rivera y Nuhfer afirmaron que ambos actuaron de buena fe y creían que no tenían obligación de revelar su trabajo.

El contrato de 50 millones de dólares por tres meses con la firma unipersonal de consultoría de Rivera, dijeron, se centraba exclusivamente en atraer de vuelta a Venezuela al gigante petrolero ExxonMobil, un trabajo comercial que por lo general está exento de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

Las reuniones de Rivera con Rubio y Sessions, que ocurrieron después de que el contrato de consultoría hubiera expirado y se enfocaron en propiciar un liderazgo en Venezuela que fuera menos hostil hacia Estados Unidos, fueron completamente ajenas a esa consultoría, sostuvieron.

“Él trabajó en todos los ángulos posibles para sacar a Nicolás Maduro”, dijo el abogado defensor Ed Shohat durante los alegatos finales. “No había ni una palabra en los chats sobre normalizar relaciones”.

El abogado de Nuhfer, David Oscar Markus, comparó el caso del gobierno con los juicios por brujería de Salem del siglo XVII, al presumir mala intención que, según él, quedaba desmentida por pruebas endebles.

“Mi cliente no tiene un corazón oscuro”, afirmó.

Reuniones con Exxon para Rodríguez

Los fiscales dijeron que Rivera usó el contrato con PDV USA, con sede en Nueva York, como tapadera para realizar un cabildeo ilegal.

Una vez expuesto el trabajo, los socios intentaron ocultarlo fechando documentos de manera retroactiva e ideando acuerdos ficticios, como uno para justificar una transferencia bancaria de 3.75 millones de dólares a una empresa del sur de Florida que daba mantenimiento al yate de lujo de Gorrín.

La actividad política incluyó la organización de reuniones para Rodríguez en Nueva York, Caracas, Washington y Dallas. Como parte del esfuerzo, ambos involucraron a Sessions, quien más tarde intentó intermediar una reunión para Rodríguez con el director ejecutivo de ExxonMobil, que había sucedido al entonces secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson.

Tras una reunión secreta en Caracas con Maduro, Sessions también recibió una carta del presidente venezolano a Trump.

Sin embargo, el acercamiento se desmoronó rápidamente. A los seis meses de asumir el cargo, Trump sancionó a Maduro y lo calificó de “dictador”, lanzando una campaña de “máxima presión” para sacar del poder al presidente.

No obstante, casi una década después, Rodríguez ha surgido como la socia de confianza del segundo gobierno de Trump tras el derrocamiento de Maduro por parte del ejército de Estados Unidos.

Antes de ser elegido al Congreso en 2010, Rivera fue un legislador de alto rango en Florida. Durante ese tiempo, compartió una casa en Tallahassee con Rubio, quien con el tiempo se convirtió en presidente de la Cámara de Representantes de Florida.

Rivera ya había enfrentado controversias, incluidas acusaciones de que financió en secreto a un candidato demócrata saboteador en una contienda parlamentaria de 2012.

El año pasado, los fiscales federales retiraron el caso después de que un tribunal de apelaciones anulara una multa considerable impuesta por un tribunal inferior. Rivera también fue investigado —pero nunca acusado— por presuntas violaciones a las normas de financiamiento de campañas y por un contrato de 1 millón de dólares con una empresa de apuestas mientras servía en la legislatura de Florida.