EFE.– La fundación "El Amparo" denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a miembros de su cadena de mando por la deportación de más de 200 venezolanos desde Estados Unidos hacia territorio salvadoreño, acusados de presuntamente integrar el grupo delictivo Tren de Aragua, anunció este jueves el presidente de la ONG, Walter Márquez.

"Recurriremos a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, por la responsabilidad personal de Bukele y la cadena de mando de esas detenciones arbitrarias", señaló Márquez en una rueda de prensa virtual.

Asimismo, dijo que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares para estos venezolanos quienes fueron deportados en marzo pasado, con el objetivo, dijo, de que se respete el debido proceso y que se le solicite a El Salvador la inmediata liberación de los migrantes.

Márquez indicó que varios de los detenidos en la cárcel de máxima seguridad Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) fueron maltratados, por lo que consideró que las autoridades salvadoreñas deben abrir "de oficio" una investigación.

La semana pasada, el activista junto a un grupo de familiares viajaron a ese país con la intención de poder visitar a los venezolanos detenidos, pero aseguraron que no fue posible.

"Pudimos comprobar en ese viaje que los venezolanos migrantes deportados a El Salvador están totalmente aislados, incomunicados, sin ningún juicio en el país, donde no han cometido ningún delito, sin ninguna claridad de su futuro legal", relató.

El abogado aseguró que ninguno de los deportados hacia el país centroamericano pertenece al grupo delictivo Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana, y que, en tal caso, dijo que eso "debió probarse" en instancias judiciales de Estados Unidos.

"Nosotros fuimos a agotar la vía interna, ya se han introducido varios habeas corpus individualizados, para varios de ellos, y hasta ahora, a pesar de que debe ser un procedimiento expedito, rápido, no tenemos respuestas", agregó.

En mayo pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que este grupo de venezolanos "puede estar en una situación de desaparición forzada" en El Salvador en vista de la "completa incertidumbre" sobre su paradero y la situación en la que se encuentran tras ser deportados de Estados Unidos.

La portavoz de este organismo, Liz Throssell, indicó entonces que "ni las autoridades estadounidenses" y "las salvadoreñas" han publicado listados oficiales de los detenidos, por lo que su situación legal en El Salvador "sigue sin estar clara".