Reuters.- La justicia peruana dijo este lunes que amplió por 14 meses más, hasta agosto del 2025, la prisión preventiva contra el destituido expresidente izquierdista Pedro Castillo, mientras lo investigan por cargos de rebelión, conspiración y otros delitos.
Castillo fue arrestado en diciembre del 2022 tras intentar de forma ilegal disolver el Congreso, lo que generó meses de protestas que dejaron decenas de muertos y una incertidumbre política que afectó el flujo de inversiones en el país minero.
?Te puede interesar: Gobiernos de Argentina y Perú felicitan a Sheinbaum por su triunfo electoral pese a las diferencias diplomáticas con AMLO
"El plazo ampliado de prisión preventiva responde a que el proceso contra el exmandatario está en etapa intermedia", dijo el Poder Judicial peruano en un mensaje por la red social X sobre la prisión de Castillo. La "medida se computará del 7 de junio del 2024 hasta el 6 de agosto del 2025", agregó.
Tras la salida de Castillo asumió al poder su entonces vicepresidenta Dina Boluarte, cuya gestión tiene ahora un apoyo de sólo 5%, la cifra más baja de un gobernante peruano, según una encuesta de la firma Datum publicada el domingo por el diario El Comercio.
El 17 de mayo pasado, el Congreso peruano protegió a Boluarte al rechazar tres pedidos de destitución en su contra por incapacidad moral permanente, que habían sido presentados el día anterior por legisladores opositores.
De esta forma, la mandataria no tuvo que ir al Parlamento a responder diversas preguntas de los legisladores, incluidas aquellas sobre las investigaciones en su contra en la fiscalía.
Fue la quinta vez que pedidos de destitución contra Boluarte no avanzan en el Parlamento, que a su vez tiene un 86% de desaprobación, según una encuesta de abril de Datum.
?Sigue leyendo: Asociaciones de periodistas en Perú acusan represión del gobierno de Boluarte y recriminan que lleve 50 días sin dar declaraciones a los medios
Con menos de dos años en el poder, Boluarte acumula investigaciones fiscales por presunta corrupción, enriquecimiento y lavado de activos.
La fiscalía general también la ha denunciado ante el Parlamento por homicidio en relación con los asesinados durante las protestas que exigían su renuncia desde el inicio de su gobierno el 7 de diciembre de 2022.