AP.- Bajo la lluvia y en medio de la calle, Mario Cardozo come ávidamente un guiso de un recipiente de plástico que sostiene entre sus manos.

Mientras toma los trozos de pollo que flotan en el caldo, el jubilado de 71 años vigila el carrito con ruedas donde guardó otros envases con comida que consiguió en el comedor comunitario del barrio de Constitución en Buenos Aires, en cuyas calles cada vez más gente revuelve los contenedores de basura.

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En unas horas se los llevará a varios vecinos de Merlo, una localidad al oeste de la capital.

El hombre dijo que va "por todos lados” recolectando comida. “De acá me voy a (buscar) la merienda a otro comedor”, contó a The Associated Press.

Desde hace dos meses un número creciente de personas acude a esos centros comunitarios agobiados por la licuación de sus ingresos a raíz de un incremento de los precios de los alimentos y servicios, generado por las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei, un ultraliberal que asumió el cargo el 10 de diciembre.

El costo de vida se disparó en Argentina luego de que Milei impulsó una fuerte devaluación del peso en diciembre. Después recortó subsidios al transporte público y la luz y anuló los controles de precios en áreas como la educación y la salud.

Son recetas que el mandatario considera imperiosas para alcanzar el equilibrio fiscal y estabilizar la economía, pero que sufren los jubilados que cobran la pensión mínima y los trabajadores informales que no reciben las ayudas que el gobierno entrega a otros sectores empobrecidos.

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Para muchos comedores el creciente flujo de asistentes se volvió difícil de manejar luego de que el Ejecutivo redujo o suspendió la entrega de alimentos en el marco del drástico recorte del gasto público y de la revisión del modelo de asistencia vigente desde hace años, que considera oneroso para el Estado.

La abrupta caída de suministros, sostienen las organizaciones sociales que manejan los merenderos, las obliga a hacer malabares con la comida.

La situación tiene en pie de guerra a esas agrupaciones izquierdistas, que el lunes convocaron a distintos bloqueos en la capital y otros puntos del país bajo el lema “El hambre es el límite”.

Damaris Rolón, coordinadora por el Cambio Social, dijo desde uno de los cortes en un acceso a Buenos Aires que “trabajadores precarizados y también formales se están acercando a nuestros espacios comunitarios porque la vida está muy difícil”. La mujer llamó a “poner un freno al plan económico de motosierra (ajuste)" de Milei.

A las puertas del comedor que lo asiste, dirigido por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Cardozo se quejó de que “al gobierno le falta humanidad y a nosotros los jubilados nos está matando”. El hombre cobra unos 120 mil pesos (138 dólares) al mes de pensión y 45 mil (50 dólares) van destinados al alquiler de la habitación donde vive, que subió de precio.

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La inflación en febrero fue de 13.2% mientras que la interanual fue de 276%. Si bien en el mes pasado los precios escalaron a un nivel inferior al que subieron en enero (20.6%), siguen devorando el poder adquisitivo de los argentinos y arrojando a muchos a la pobreza. Seis de cada 10 habitantes del país son pobres, según estimaciones privadas.

Marta Espíndola y Jorge Insaurralde acuden tres veces por semana al comedor de Constitución. “De la comida que nos dan el lunes dejamos algo para el día siguiente y el miércoles volvemos a buscar y luego el viernes”, explicó Insaurralde, de 66 años. “Procuramos comer bien al mediodía; a la noche tomamos una tacita de té o leche con pan”, agregó la mujer.

Durante la pandemia en 2020, cuando la crisis golpeó, ese centro comunitario cocinaba diariamente 50 ollas, cada una de las cuales rinde 150 raciones. Cuando la economía se recuperó bajó a 13 y desde que asumió el nuevo gobierno prepara 21.

La Iglesia católica advirtió que “la comida no puede ser una variable de ajuste” y pidió “asistencia sin dilación” para los comedores, que ya venían sufriendo desabastecimiento desde el anterior gobierno de Alberto Fernández.