El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este sábado con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien está de vista en el país, desde donde denunció que sigue en marcha un golpe de Estado en contra de su investidura, dirigido por la fiscalía del país centroamericano
En redes sociales, el mandatario mexicano compartió una foto en la que aparece con Arévalo de León. De acuerdo con el mensaje publicado, la reunión se llevó a cabo en Texcoco, en el marco de la gira que el presidente López Obrador lleva a cabo este fin de semana en el Estado de México.
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“Hicimos el compromiso de trabajar juntos en bien de nuestros pueblos”, informó el presidente López Obrador sobre el encuentro.
Por su parte, el presidente electo de Guatemala criticó mediante sus redes sociales al Ministerio Público de su país tras el decomiso este sábado de las actas de votos, durante un allanamiento al Tribunal Supremo Electoral.
“No hay duda de que el objetivo de estas acciones por parte del Ministerio Público es la anulación del resultado electoral y la destrucción del régimen democrático”, subrayó Arévalo de León, del partido socialdemócrata Movimiento Semilla.
Arévalo de León también pidió al presidente actual, Alejandro Giammattei, que se pronuncie tras las acciones del Ministerio Público.
“Le exijo que se pronuncie sobre el ultraje que se está cometiendo en contra de nuestras instituciones democráticas”, enfatizó el académico de 64 años, elegido como presidente para el período 2024-2028 en los comicios de agosto pasado.
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Arévalo de León advirtió por primera vez sobre el golpe de Estado en su contra el 1 de septiembre, en una conferencia de prensa donde señaló a Porras y “otros actores corruptos” de tratar de impedir su investidura en enero.
De igual forma, este sábado por la tarde, miembros del Movimiento Semilla también se congregaron frente al Tribunal Supremo Electoral para rechazar en conjunto las acciones del Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada desde 2021 por Estados Unidos.
El allanamiento del viernes
El caso por el cual se realizó el allanamiento del viernes en el Tribunal Supremo Electoral, y que se extendió hasta este sábado, no ha sido detallado por las autoridades, ya que el Ministerio Público ha indicado que se encuentra bajo reserva judicial, medida que limita el acceso a la información sobre el proceso.
El fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, aseveró el viernes en declaraciones a periodistas que el objetivo del proceso judicial es salvar la democracia en Guatemala.
Curruchiche y la cúpula del Ministerio Público han sido sancionados por Estados Unidos en los últimos dos años bajo acusaciones de socavar la Justicia en Guatemala.
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El fiscal acusó durante sus declaraciones del viernes a la Organización de Estados Americanos (OEA) de mancillar la democracia del país centroamericano.
“Este es un operativo que forma parte de una investigación bajo reserva, que busca rescatar la democracia del país que ha sido golpeada por la OEA“, aseguró Curruchiche a periodistas durante el operativo.
Curruchiche fue parte de una reunión este mes entre la jefatura del Ministerio Público y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien visitó Guatemala para supervisar el proceso de transición gubernamental.
Con el allanamiento del viernes suman ya cuatro los cateos realizados por la fiscalía a la sede del tribunal electoral durante los últimos dos meses, además de otro al partido Movimiento Semilla, de Arévalo de León.
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Pese al cateo en su sede, el Tribunal Supremo Electoral garantizó los resultados de los comicios celebrados en junio y agosto pasado.
La magistrada del tribunal, Blanca Alfaro, aseguró este sábado por la mañana a periodistas que “todos los resultados ya fueron debidamente oficializados”, incluido el triunfo de Arévalo de León, quien debe asumir el próximo 14 de enero.
Entre lágrimas, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral lamentó el allanamiento del Ministerio Público. “No sé qué nos pasa como guatemaltecos”, dijo después de que la fiscalía se llevara a la fuerza las actas de votos, que según Alfaro y la ley, deben ser resguardados por el tribunal electoral.