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Perú está en proceso de pacificación, dice Boluarte sobre las protestas en su contra que dejaron 67 muertos
Domingo 24 de Mayo de 2026

Perú está en proceso de pacificación, dice Boluarte sobre las protestas en su contra que dejaron 67 muertos

Foto: AP
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AP.- La presidenta peruana, Dina Boluarte, dijo este martes que su país está en proceso de pacificación tras las letales protestas \u2014que pedían su renuncia y de todo el Parlamento\u2014 ocurridas después del inicio de su gobierno, que dejaron más de 60 muertos, la mayoría civiles e incluso algunos menores de edad.

En su primer viaje como mandataria a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, la primera presidenta mujer del país sudamericano justificó ante la prensa el uso de la fuerza en las manifestaciones.

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“Tuvimos que pararnos firmemente en defensa de la democracia, en el respeto al Estado de derecho en Perú“, dijo.

Las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes, deteniendo momentáneamente a cientos, usando bombas lacrimógenas, proyectiles y también armas de fuego. Conteos oficiales indican que hubo 67 muertos y más de mil 900 heridos.

Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostraron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza pública y se pronunciaron por violaciones de derechos humanos.

Boluarte, abogada de 61 años, asumió el poder el 7 de diciembre de 2022 en reemplazo del destituido presidente Pedro Castillo, quien fue encarcelado tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto como una forma de evitar una votación en su contra para su remoción.

En respuesta a la destitución de Castillo, miles de peruanos \u2014sobre todo los más pobres, de los sectores rurales y de lengua quechua en los Andes del Sur\u2014 salieron a protestar entre diciembre y marzo. Las marchas llegaron a Lima en enero.

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El sábado pasado, la fiscalía de Perú citó a Boluarte, y al primer ministro, Alberto Otárola, el 27 de septiembre para declarar en la investigación preliminar sobre la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país de diciembre a marzo.