EFE.– La fiscalía colombiana imputó cargos a 10 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), implicados en supuestas irregularidades en un contrato con la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de la carretera Ruta del Sol II, según lo anunciado hace dos semanas.
Los procesados, según informó este miércoles la fiscalía en un comunicado, participaron de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el presupuesto del contrato original y terminaron por beneficiar a la concesionaria de la que Odebrecht formaba parte.
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Esta imputación sigue lo anunciado por la fiscalía, el pasado 17 de agosto, cuando dijo que iba a imputar cargos a más de 50 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la ANI, y el magnate brasileño Marcelo Odebrecht, por presuntas irregularidades en un contrato con la empresa Odebrecht para la construcción de la carretera Ruta del Sol II.
La fiscalía explicó que las imputaciones a estos altos ejecutivos de la ANI son por su presunta participación en actos irregulares detectados en cuatro documentos anexos hechos a un contrato firmado en enero de 2010.
Los delitos presentados por la fiscalía son contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Para la fiscalía, con estas actuaciones, los exfuncionarios, contratista y el exinterventor habrían desconocido el objeto del contrato de concesión original y permitieron que se incluyera una nueva vía que no tenía relación ni conexión física con el proyecto Ruta del Sol II.
Adicionalmente, fueron destinados en favor del concesionario contratista, del cual hacía parte la multinacional brasileña Odebrecht, 3 mil 177 millones de pesos colombianos para los estudios y diseños de la obra Ocaña-Gamarra.
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Asimismo, está acreditado que se ocasionaron perjuicios al Estado, en el entendido de que se incrementó el presupuesto original y fueron enviados anticipos para el concesionario.
En su momento, la fiscalía colombiana aseguró haber revelado el mecanismo criminal, que permitió que la multinacional, desde su sede en Brasil, creara un departamento dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo.
Este modelo se replicó en Colombia, según la fiscalía, y los sobornos contaron con la ayuda de altos funcionarios del gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares, explicó.
Esta empresa criminal paralela, según la fiscalía, actuó en la adjudicación del contrato de la llamada Ruta del Sol II, que une al centro del país, desde Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca, con el Caribe, en San Roque.