AP.- La jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua anunció este miércoles la confiscación de todos sus bienes inmuebles y activos por parte del gobierno de Daniel Ortega por señalamientos infundados de que esa casa de estudios funcionó como un centro de terrorismo.
En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, la universidad indicó que el martes recibió un oficio judicial en el que se le notificó la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de cuentas bancarias que fueron inmovilizadas, así como productos financieros en moneda nacional o extranjera.
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El oficio judicial ordenó que la incautación sea a favor del Estado de Nicaragua, agregó el comunicado de la institución, considerada la más importante y prestigiosa universidad privada del país.
A su vez, informó la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas de la universidad hasta que sea posible retomarlas.
El gobierno de Nicaragua no ha confirmado de momento la medida, que tiene lugar en medio de una arremetida contra la Iglesia católica tras el cierre de varias organizaciones y medios de comunicación religiosos y el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, encerrado en un penal de Managua desde febrero tras negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a otros 222 opositores excarcelados.
En la UCA estudian aproximadamente unos 8 mil estudiantes, del total de 200 mil universitarios que existen en Nicaragua, de acuerdo con organizaciones del sector.
Fundada en 1960 por la Compañía de Jesús, la UCA fue uno de los focos de las protestas estudiantiles que estallaron en abril de 2018 y en más de una ocasión abrió sus puertas para permitir que manifestantes civiles que huían de las balas de la policía se refugiaran momentáneamente en sus instalaciones.
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En su comunicado, las autoridades universitarias dijeron que el gobierno argumenta que la universidad funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales y aclaró que son señalamientos infundados.
Ortega aplastó la rebelión social de 2018 con fuerzas policiales y paramilitares fuertemente armados y acusó a la oposición y a los líderes estudiantiles, así como a los obispos, de participar en un fallido golpe de Estado para derrocarlo.
En un comunicado, seis organizaciones universitarias rechazaron la medida por considerarla "un intento de coartar la autonomía universitaria y parte de una estrategia para sofocar la resistencia y silenciar las voces críticas".