EFE.- Un juez peruano rechazó este viernes la petición de la fiscalía de imponer 28 meses de prisión preventiva a Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) asilada en México e investigada por presuntamente integrar una organización corrupta en el gobierno peruano.
El juez Raúl Justiniano, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundada la solicitud tras considerar que no existen nuevos elementos de convicción para variar la situación de los implicados en este caso, entre los que también están dos hermanos de Paredes, Walter y David.
Ahora lee: Boluarte declara ante la fiscalía de Perú por las muertes durante las protestas contra su gobierno
“Declarar infundado la solicitud de variación de comparecencia simple por prisión preventiva formulado por el Ministerio Público”, señaló el juez al término de su resolución.
Durante la lectura, que se prolongó durante dos horas, el juez Justiniano consideró que Paredes “sí estaría comprendida en el delito de acuerdo con lo que precisa el Ministerio Público”, pero agregó que “no se advierte que existan nuevos elementos de convicción para variar” su condición legal de comparecencia.
“El pedido del Ministerio Público no va a ser aprobado”, acotó.
El pasado lunes, el fiscal José García había asegurado que el asilo que ha recibido Paredes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador también podía afectar el proceso y abrir la posibilidad de que otros investigados de su entorno puedan solicitar una medida similar.
Al respecto, el juez recordó que la Constitución peruana reconoce el derecho al asilo y que Perú y México han suscrito convenios en ese sentido.
“Siendo el asilo político un derecho reconocido por la Constitución consideramos que no puede servir como un complemento para señalar o afirmar que existe el peligro procesal”, dijo.
Lee también: Perú denuncia amenazas de muerte contra sus diplomáticos en México
Este extremo ya había sido rechazado por los abogados de los hermanos de Paredes, quienes aseguraron que estos cuentan con trabajo estable y arraigo domiciliario en su país, además de haber acudido a todas las citaciones de la Judicatura peruana.
La situación del proceso
Durante una audiencia anterior, García aseguró que Paredes puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión y que se le atribuye ser “coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo” que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido tras intentar dar un golpe de Estado.
Por ese motivo, este viernes anunció que presentará un recurso de apelación a la resolución del juez Justiniano, mientras que los abogados defensores manifestaron su conformidad.
El juez ya rechazó en marzo pasado un primer pedido de imponer 36 meses de prisión preventiva a Paredes, tras declarar fundada la nulidad de la solicitud fiscal, que fue presentada por los abogados de la exprimera dama y sus hermanos, investigados por presunta colusión y organización criminal.
En ese momento, dijo que la fiscalía debió solicitar primero que se revoque la orden de comparecencia simple dictada a los investigados antes de pedir directamente la prisión preventiva.
La esposa de Castillo y sus hermanos son investigados por la presunta organización criminal que, según la denuncia, dirigió el ahora exgobernante para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos.
Paredes, quien tiene asilo en México junto con sus dos hijos menores de edad, participó el lunes pasado de manera virtual en una audiencia judicial, donde rechazó haber integrado una organización criminal o cometido algún delito.
El pasado 7 de diciembre, tras intentar dar un golpe de Estado, Castillo buscó llegar a la embajada de México con su esposa y sus hijos, pero fue detenido en el camino, aunque sus familiares sí lograron ingresar a la representación diplomática y luego recibieron asilo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.