EFE .- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dictó este lunes un decreto que prohíbe a empresas de redes sociales remover o censurar contenidos de forma “arbitraria”, una de las demandas de la ultraderecha que protestará en todo el país para mañana martes.

Según el texto, eso garantizará la “libertad de expresión en las redes sociales” y responde a la “remoción arbitraria” de contenidos y perfiles, como le sucedió a Bolsonaro, a quien ya le fueron retiradas varias publicaciones por difundir noticias falsas.

Te sugerimos: En Venezuela hay 42 presos políticos en "condición crítica", advierte Foro Penal

El decreto deberá ser analizado en un plazo de 60 días por el Congreso de Brasil, que puede vetarlo, pero mientras no se pronuncie estará en vigor a partir de este lunes.

De acuerdo con el texto, publicado en el Diario Oficial, las empresas tecnológicas sólo podrán remover contenidos con una “justa causa” y primero deberá ofrecer a los usuarios un canal para ejercer una “amplia defensa” antes de que alguna decisión sea tomada.

Asimismo, prevé el “derecho” a la “restitución de contenidos”, sean textos, imágenes o videos para los usuarios de las redes.

Según el gobierno brasileño, la censura de contenidos de parte de las empresas tecnológicas “perjudica el debate público de ideas y el ejercicio de la ciudadanía”, lo cual configura “una violación en masa de derechos y garantías fundamentales”, como “la libertad de expresión”.

Las manifestaciones convocadas para este martes, alentadas por el propio Bolsonaro, tienen a la “libertad de expresión” entre su lista de demandas, que en ese caso se vinculan a la reciente detención de activistas ultraconservadores acusados de difundir noticias falsas y amenazas contra las instituciones democráticas de Brasil.

Te puede interesar: Junta militar de Birmania accede a un alto al fuego para entrega de ayuda humanitaria: ASEAN

Bolsonaro figura entre las personas que son investigadas por la Corte Suprema en un proceso referido a “ataques a la democracia” a través de las redes sociales, un delito que llevó a la cárcel a varios de sus seguidores.

Los detenidos están acusados de orquestar actos antidemocráticos e intentar minar la confianza de la sociedad en las instituciones del país.

Algunos figuran entre los organizadores de las manifestaciones convocadas para mañana. Varios de los simpatizantes instaron a invadir las sedes del Parlamento y la Corte Suprema o incluso sugirieron el asesinato de jueces y políticos opositores.

Esos grupos de ultraderecha también exigen una “intervención militar” que clausure el Congreso y el Supremo con Bolsonaro en el poder, algo que el Parlamento, la Corte Suprema, los empresarios, la banca y diversos organismos sociales han denunciado como un claro intento de golpe.