Reuters.- Uno de los dirigentes de la comunidad de exiliados nicarag\u00fcenses en Costa Rica, Joao Maldonado, fue atacado a balazos la tarde del sábado y su condición fue descrita este domingo como crítica por familiares y compañeros.
Maldonado, de 32 años, estaba en los preparativos de una marcha programada para el domingo en la capital costarricense en contra del gobierno de Nicaragua cuando dos hombres dispararon desde una moto al vehículo en el que viajaban en Escazú, cercana a San José, dijo una portavoz de la policía.
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El activista había recibido “al menos” tres disparos, dijo la portavoz, y añadió que se desconocían las causas del ataque contra el también excampeón centroamericano de judo y que hasta abril de 2018 había trabajado en el gobierno del presidente Daniel Ortega, al que renunció para sumarse a las protestas en su contra.
La esposa de Maldonado, Nadia Robleto, dijo a Reuters que el reconocido dirigente de las manifestaciones del 2018 en Jinotepe, al sur de la capital de Nicaragua, había recibido cuatro balazos en intestinos, pulmones y el brazo derecho.
El secretario de la llamada Unidad de Exiliados Nicarag\u00fcense en Costa Rica (UEN), Yefer Bravo, a la que Maldonado pertenece, atribuyó el ataque a sicarios contratados por Ortega, quien buscará mantenerse en el poder en la nación centroamericana por cuarto periodo consecutivo en los comicios presidenciales de noviembre.
“Seguimos luchando a pesar de la distancia y las amenazas. Claramente esos dos muchachos fueron contratados para ejecutarlo porque allá en mi país han ido silenciando las voces y ahora resistimos desde el exilio”, dijo Bravo.
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El gobierno de Ortega no respondió de inmediato a una consulta sobre los dichos de Bravo y lo sucedido a Maldonado.
Más de 80 mil nicarag\u00fcenses han solicitado refugio en Costa Rica desde las protestas del 2018, pero las solicitudes se han elevado mucho en los últimos tres meses por el endurecimiento de la represión oficialista contra activistas y políticos opositores.
En los últimos tres meses, Ortega ha detenido a 35 líderes de la oposición, ha suspendido a un partido rival y ha retenido papel para periódicos, entre otras tácticas que funcionarios de la ONU, Estados Unidos y Europa han calificado como abuso de poder para reprimir la libertad de expresión y las elecciones libres.