Reuters.- Los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para enfrentar la migración desde Centroamérica mediante la promoción del estado de derecho se vieron afectados por la polémica reelección de Daniel Ortega en Nicaragua, el ejemplo más claro de la tendencia de la debilitada democracia en la región.

La elección de Ortega el domingo para un cuarto mandato consecutivo se produjo tras detenciones de rivales y el cierre de partidos políticos en los últimos meses. Las sanciones de Estados Unidos y los llamados a una votación libre tuvieron poco efecto.

Ortega, un exguerrillero izquierdista que luchó contra los insurgentes de la “Contra” apoyados por Washington en la década de 1980, acusó a sus oponentes de ser peones de Estados Unidos.

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Una desconexión similar es visible en otros lugares. En El Salvador, Guatemala y Honduras, conocidos colectivamente como el Triángulo del Norte, los aliados gubernamentales han socavado, despedido o transferido a fiscales y jueces respaldados por Washington.

Existe “cierta frustración y decepción” dentro del gobierno de Biden por esta resistencia a sus esfuerzos para promover medidas anticorrupción y de buen gobierno en la región, dijo un funcionario estadounidense.

Bajo el mandato de Biden, Estados Unidos ha identificado la debilidad de la gobernanza como una de las causas principales de la migración desde Centroamérica, un reto político de largo plazo que debe abordarse al mismo tiempo que se gestionan flujos récord de migrantes a corto plazo.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que “definitivamente no nos sorprendió” el rechazo de los gobiernos centroamericanos y reconoció que la región estaba atravesando un “momento difícil”, incluida la pandemia de Covid-19 y otros eventos “desestabilizadores”.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, insistió en que la administración se apegaría a su plan multianual y multimillonario para abordar los problemas de migración a corto y largo plazo.

La administración Biden también planea anunciar nuevas sanciones estadounidenses y otras acciones punitivas “muy pronto” en respuesta a la reelección de Ortega, dijo el funcionario a Reuters.

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, dijo que Centroamérica estaba pasando por su momento más delicado desde que los movimientos civiles de la Guerra Fría sacudieron la región en la década de 1980, mientras el tema migratorio termina “tragándose” a Washington.

“(Los expresidentes de Estados Unidos) Obama y Trump fallaron por tener perspectivas bastante limitadas a la seguridad y migración, descuidando un abordaje más integral”, aseveró.

Casi 10 meses después del inicio de la administración Biden, y con el número de migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México en niveles récord, aún no estaba claro si las acciones respaldarían las nuevas promesas para la región, agregó Chinchilla.

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La situación, incómoda para una superpotencia acostumbrada a salirse con la suya en Centroamérica, refleja una pérdida de liderazgo después de que la administración del expresidente Donald Trump redujera el énfasis en los valores democráticos, dijo Tiziano Breda, de International Crisis Group, un centro de estudios que analiza los conflictos a nivel global.

“Hará falta algo más que declaraciones contundentes y avergonzarse públicamente, (\u2026) para revertir esta tendencia”, dijo Breda.

La situación también revela potencialmente un punto débil en la estrategia de Estados Unidos hacia la región. Como demostró la presidencia de Trump, los golpes efectivos de los republicanos a Biden sobre la gestión de la frontera pueden ser una cuestión decisiva en la política estadounidense.

Los gobiernos centroamericanos pueden estar utilizando esta realidad como una palanca, calculando que hay un límite al que Estados Unidos está dispuesto a llegar para presionar por miedo a perder la cooperación en materia de inmigración, dijo José Miguel Vivanco, del grupo de defensa de derechos humanos Human Rights Watch.

También parecen estar aprendiendo unos de otros que las consecuencias de retroceder en temas como la separación de poderes no son insoportables, dijeron los analistas.

El funcionario del Departamento de Estado expresó la preocupación de la administración de que otros “actores” centroamericanos se sientan envalentonados por la estrategia de Ortega.

Pero negó que los gobiernos centroamericanos estuvieran utilizando las preocupaciones de Estados Unidos sobre la migración como palanca para hacer retroceder la gobernabilidad: “Eso no es lo que estamos viendo”.

“Estos gobiernos cooperan con nosotros en materia de migración porque también es de interés nacional”, agregó.

Para Ryan Berg, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Ortega estaba ofreciendo un “libro de texto (\u2026) para otros aspirantes a autoritarios en Centroamérica“.

“Tenemos el temor de que si no hay un costo para el caso de Nicaragua (\u2026) si no hay una respuesta regional para responder a estos acontecimientos, que esto podría suceder en otros países”, dijo el martes a la prensa el enviado especial de Estados Unidos para Centroamérica, Ricardo Zúñiga.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha avivado la preocupación de que está concentrando el poder de forma creciente.

Los jueces de la Corte Suprema nombrados por su partido dictaminaron recientemente que el mandatario del país podía cumplir dos periodos consecutivos. Bukele, por su parte, ha llegado al punto de enviar tropas al parlamento para presionar para que se legisle.

“Las relaciones con El Salvador no están sólidas”, dijo a periodistas Jean Manes, encargado interino de negocios de Estados Unidos. “Simplemente no podemos mirar a otro lado cuando hay un declive en la democracia”, añadió.

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Representantes de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios.

Cada uno de ellos ha advertido en el pasado que la presión de Estados Unidos sobre sus decisiones internas tiene el potencial de poner en riesgo el progreso en los objetivos políticos comunes.