EFE.- El expresidente peruano Manuel Merino, así como los exministros Antero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez fueron denunciados constitucionalmente por la muerte de dos manifestantes y por lesiones a otras 78 personas en las marchas de protesta del año pasado, informó la Fiscalía de la Nación.
El exmandatario Manuel Merino, el expresidente del Consejo de Ministros Antero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez fueron denunciados como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual.
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La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, formuló la denuncia contra los exfuncionarios ante el Congreso de la República para que califique la denuncia constitucional y se apruebe su procesamiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Represión acabó con gobierno de Merino
Merino sucedió en el cargo a Martín Vizcarra, que fue destituido por el Congreso en noviembre del año pasado, pero su gestión duró menos de una semana debido a las manifestaciones de protesta que se realizaron en distintas ciudades del país.
La marcha del 14 de noviembre de 2020 en la que se produjo la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado fue el episodio que puso punto final a su brevísimo gobierno debido a la violenta represión policial y fue reemplazado por Francisco Sagasti.
La fiscalía precisó que fueron denunciados por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos que participaron en las movilizaciones.
Asimismo, por no adoptar medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial, pese a que contaban con información oficial acerca de su tendencia a intensificarse.
Inacción de autoridades de Perú
La denuncia constitucional argumentó que los denunciados “tenían la capacidad y estaban en la posibilidad de evitar los resultados, pero no lo hicieron”, lo cual configura el dolo eventual en las muertes y lesiones producidas.
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Además, los imputados tenían una posición de dominio sobre las fuerzas policiales y contaban con información oficial de que las protestas se iban a intensificar.
Sin embargo, “no se dispuso medidas para controlar ni mitigar dichas acciones y, por el contrario, se permitió se prosiga con las mismas, lo que conllevó como resultado, dos personas fallecidas y 78 ciudadanos identificados a la fecha con lesiones leves y graves, quienes participaron en dichas movilizaciones sociales”, agregó la resolución.
Derecho a la protesta
El ejercicio del derecho constitucional a la protesta se encuentra amparado en el ordenamiento jurídico peruano y, en el caso de que exceda los límites, el uso de la fuerza pública debe realizarse de manera estrictamente necesaria y proporcional, precisó la fiscalía en la denuncia.
Añadió que si bien el uso de la fuerza pública puede constituir un elemento importante para garantizar el derecho a la protesta y proteger la integridad de los manifestantes, “también representa una importante fuente de violaciones a estos mismos derechos que pueden derivar en consecuencias irreversibles”.
El pasado 14 de septiembre, la familia de los fallecidos y organizaciones sociales reclamaron justicia para Inti y Bryan, sobre todo porque los exfuncionarios figuraban como testigos en las pesquisas de la Fiscalía.
“Sabemos que en el Perú el sistema de Justicia no es igual a todos, porque la corrupción existe y ello impide el avance de las investigaciones”, manifestó entonces a Efe la madre de Sotelo, Luzdilán Camargo.
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Las manifestaciones de protesta en las calles de Lima y otras ciudades del país contra la asunción de Merino, quien fue titular del Congreso y promovió la destitución de Vizcarra, aceleraron su salida del Ejecutivo y posteriormente fue sucedido por Sagasti, quien entregó la Presidencia al actual mandatario Pedro Castillo.