Cuando ganó las elecciones presidenciales de 2019, Nayib Bukele rompió paradigmas en la historia política de El Salvador. A sus 38 años, se convirtió en la persona más joven en asumir la presidencia salvadoreña en la era democrática y sin recurrir a la segunda vuelta. Había conseguido el 53% de los votos en la primera.
Al asumir el poder, en junio del 2019, Bukele también puso fin al bipartidismo en el poder ejecutivo, que estuvo presente desde los 90.
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En su corta \u2013pero muy ascendente\u2013 carrera política, Bukele ha creado como sello propio la firmeza en sus decisiones, por muy controversiales que fueran. Esto hace que gran parte de la población salvadoreña lo respalde, pero también genera detractores dentro y fuera del país, quienes consideran que su forma de actuar se asemeja a la de dictadores como Maximiliano Hernández Martínez, quien estuvo en el poder durante 13 años, entre 1931 y 1944.
Al iniciar su mandato, el presidente Bukele anunció que uno de los ejes de su gobierno sería reducir la violencia en el país. Sin embargo, las últimas dos semanas de abril fueron las más sangrientas en lo que va de su mandato, con un promedio de 13 homicidios diarios.
Según autoridades y medios locales, la mayoría de los homicidios ocurrió entre miembros de diferentes pandillas que pelean por el control de ciertas zonas del país.
Ante ese escenario, Nayib Bukele decidió poner en la misma celda a integrantes de pandillas rivales. A finales de abril, el mandatario ordenó poner dentro de una misma celda a miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, dos de las principales agrupaciones criminales en El Salvador.
Y no sólo eso. Obligó a que los prisioneros fueran rapados y que permanecieran semidesnudos -con sus tatuajes expuestos– y hacinados en las celdas.
Los tatuajes son una forma en que los pandilleros expresan su pertenencia a un grupo u otro.
El argumento de Bukele para implementar esta medida es que así se podría cumplir con su promesa de campaña: reducir la violencia.
"El pandillero que ponga resistencia será abatido con fuerza proporcional y posiblemente letal por nuestra fuerza pública", dijo Bukele en Twitter.
La medida ha generado críticas dentro y fuera del país entre activistas y organismos internacionales que la califican de un acto "casi dictatorial" y violatorio de los derechos humanos.
El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Vivanco, exhortó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a vigilar las acciones del mandatario.
"Si continúa el mismo camino, se graduará muy pronto como otro líder autocrático en la región. Tenemos el deber de asegurarnos de que El Salvador no se convierta en otra dictadura", dijo Vivanco en una entrevista citada por Reuters.
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Celia Medrano, activista salvadoreña del grupo de derechos humanos Cristosal, dijo que Bukele es un gobernante "autoritario, irresponsable e inmaduro" capaz de ocasionar un daño irreparable al país.
Si bien esta medida acaparó la atención de los medios internacionales por su rigidez, no es la primera vez que Bukele actúa de una manera cuestionable en El Salvador.
Presionar al Parlamento para aprobar un crédito para su estrategia de seguridad nacional
En febrero pasado, Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa acompañado de un grupo de policías y se sentó en la silla del presidente para ordenar el inicio de la sesión. Ahí, el mandatario dio una semana a los diputados para que aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares para financiar la estrategia de seguridad.
Los legisladores opositores se habían negado a aceptarlo porque tenían dudas sobre el monto y la justificación de los gastos incluidos en la solicitud.
Ante la negativa, Bukele dobló la apuesta. Retiró a los policías y puso militares fuertemente armados e integrantes de la Policía Nacional Civil. También colocó francotiradores en el techo de la Asamblea Legislativa.
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El evento no llegó a mayores, según él, porque al encontrarse sentado frente a los legisladores oró a Dios y recibió paciencia. Los diputados se molestaron con la irrupción en la Asamblea, incluso aquellos que estaban a favor de su iniciativa.
"¿Acaso con el fusil en la cabeza nos van a obligar a votar?. Esto no es una democracia ya", dijo Leonardo Bonilla, diputado independiente que ha respaldado varias propuestas de Bukele.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, acusó a Bukele de “olvidar la nefasta historia de violaciones de Derechos Humanos en el país”. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, pidió respetar el estado de derecho y evitar que las fuerzas armadas del país tengan un rol político.
Cuarentena sumamente estricta ante Covid-19
Un mes después, en marzo, Bukele desplegó al Ejército en las calles para hacer cumplir la cuarentena tras el brote de coronavirus. Los soldados han encerrado a miles de personas por no cumplir con las medidas de aislamiento en "centros de cuarentena".
Incluso, la Secretaría de Comunicaciones difundió en Twitter imágenes de integrantes de la armada patrullando las playas salvadoreñas. De acuerdo al tuit, esta medida es para "verificar que la población cumpla con la cuarentena domiciliar obligatoria".
La Corte Suprema de El Salvador dictaminó que las detenciones eran inconstitucionales y le ordenó a Bukele que las suspendiera, pero él se negó.
"Cinco personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños", dijo Bukele, en su cuenta de Twitter, sobre las resoluciones de los jueces.
En la toma de posesión, el presidente salvadoreño declaró su intención de dejar un legado "que no se borre con la historia", alejado completamente de la dictadura.
Sin embargo, opositores y organismos civiles defienden que, al contrario, está reavivando viejas prácticas políticas de Carlos Humberto Romero Mena, considerado el último presidente colocado por la dictadura militar de El Salvador a finales de los 70.
Romero Mena, quien gobernó de 1977 a 1979, fue señalado por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la desaparición de sacerdotes católicos, dirigentes y militantes campesinos. También puso en marcha un mecanismo de búsqueda, persecución, desaparición, tortura y asesinato de opositores políticos.