AP.- Adultos peleando con niños para obtener agua limpia, niños pequeños desalentados y un menor con los pies hinchados al que se le negó un examen médico, estos relatos de primera mano de familias migrantes en centros de detención, incluidos en un movimiento presentado la noche del viernes por organismos defensores, ofrecen un vistazo a las condiciones en las instalaciones de Texas.
Las familias compartieron sus testimonios con defensores de migrantes que presentaron una demanda para evitar que el gobierno del presidente Donald Trump ponga fin al Acuerdo de Flores, una política de la década de 1990 que exige que los niños migrantes detenidos bajo custodia federal sean mantenidos en condiciones seguras e higiénicas.
El acuerdo podría contradecir las disposiciones de detención familiar establecidas por Trump en su “gran y hermoso” proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos, que también busca hacer que el tiempo de detención sea indefinido, y se produce mientras el gobierno intensifica los arrestos.
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“En un momento en que el Congreso considera la posibilidad de financiar la detención indefinida de niños y familias, defender el Acuerdo de Flores es más urgente que nunca”, dijo el viernes en un comunicado Mishan Wroe, abogada principal de migración del Centro Nacional para el Derecho de la Juventud.
Defensores de ese organismo, así como del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, RAICES y Children's Rights, contactaron o visitaron a niños y sus familias detenidas en dos centros de detención familiar en Dilley y Karnes, Texas, que reabrieron a principios de este año.
Las condiciones de las instalaciones de detención familiar no se revelaron hasta que los abogados de migración presentaron una moción de oposición ante un tribunal federal de California.
La supervisión de las instalaciones fue posible gracias al acuerdo, y las visitas ayudan a garantizar el cumplimiento de los estándares y la transparencia, dijo Sergio Pérez, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional. Sin el acuerdo, quienes supervisan las instalaciones perderían acceso a ellas y no podrían documentar lo que sucede dentro.
De las 90 familias que hablaron con RAICES desde marzo, 40 expresaron preocupaciones médicas, según los documentos judiciales.
En varios testimonios se manifestaron preocupaciones por la cantidad y la calidad del agua.
Se enviaron correos electrónicos a la oficina de la secretaria de Justicia, Pam Bondi y a CoreCivic y Geo Group, que operan las instalaciones de detención en Dilley y Karnes, Texas, respectivamente, para solicitar sus comentarios. Hasta el mediodía del sábado, ni la oficina de Bondi ni Geo Group habían respondido. CoreCivic remitió las preguntas al Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
A una madre se le dijo que tendría que usar agua del grifo para la fórmula de su bebé de nueve meses, quien tuvo diarrea durante tres días después de beberla, y una niña de 16 años dijo haber visto a personas peleando entre sí por agua.
"No recibimos suficiente agua. Ponen un pequeño recipiente de agua, y todos tienen que correr por ella", dijo en su declaración la niña detenida con su madre y dos hermanos menores en el Centro de Procesamiento de migración del Condado de Karnes.
Faisal Al-Juburi, director de asuntos externos de RAICES, dijo el viernes en un comunicado que las condiciones “sólo sirven para reforzar la necesidad vital de estándares transparentes y aplicables y medidas de responsabilidad”, citando una “obstrucción inconcebible de la atención médica para quienes padecen enfermedades agudas, crónicas y terminales”.
Una familia con un niño pequeño que padece cáncer dijo que perdió su cita médica cuando la familia fue arrestada tras asistir a una audiencia en el tribunal de migración. Ahora experimenta síntomas de recaída, según la moción.
Los menores hablaron abiertamente sobre su trauma durante las visitas con monitores legales; entre ellos había un niño de 12 años con una afección sanguínea. Informó que sus pies se inflamaron tanto que no podía caminar, y aunque vio a un médico, se le negaron más pruebas.
Los arrestos han provocado traumas psicológicos. La madre de un niño de tres años que vio a agentes entrar con armas en la casa de su niñera comenzó a actuar de manera diferente después de la detención. Dijo que ahora se tira al suelo, se lastima y se niega a comer casi todos los días.
Crecen las preocupaciones a medida que el ICE intensifica sus operaciones
Leecia Welch, subdirectora legal de Children's Rights, dijo que, por malas que sean las condiciones de las instalaciones, no harán más que empeorar a medida que se ingresen más migrantes mientras el presidente Donald Trump intenta llegar a su meta de tres mil deportados al día.
"Desde principios de junio, el censo en Dilley era de alrededor de 300 y sólo dos de sus cinco áreas estaban abiertas", dijo Welch sobre sus visitas. "Con una capacidad de alrededor de 2 mil 400 personas, es difícil imaginar cómo sería con 2 mil personas más".
Pediatras como la doctora Marsha Griffin, del Consejo de la Academia Americana de Pediatría, dijeron estar preocupados y abogan en todo el país para permitir monitores pediátricos con expertos en bienestar infantil dentro de las instalaciones.
Futuro de la detención sin el acuerdo de Flores
El acuerdo de Flores se volverá más relevante si la legislación de Trump, llamada “One Big Beautiful Bill Act” (“Un grande y hermoso proyecto de ley”) se aprueba con el lenguaje actual que permite la detención indefinida de familias migrantes, lo cual no está permitido según el acuerdo de Flores.
La legislación de Trump aprobada por la Cámara también propone triplicar el gasto hasta alcanzar 45 mil millones de dólares en financiamiento durante los próximos cuatro años para expandir la detención de adultos y familias por parte del ICE. El Senado estudia ahora esa legislación.
En sintonía con el aumento en los esfuerzos para agregar más espacio de detención, GeoGroup, la misma corporación que opera la instalación de detención en Karnes, pronto abrirá una prisión para la detención de migrantes en Leavenworth, Kansas.
Los defensores de los migrantes argumentan que, si se pone fin al acuerdo, el gobierno necesitaría crear regulaciones que se ajusten a sus términos.