EFE.- Un hombre radicado en Florida fue arrestado y acusado de adquirir armas para su traslado por otras personas a México, las cuales fueron interceptadas en parte por las autoridades estadounidenses, informó este miércoles la Fiscalía del Distrito Medio del estado.
José G. Medina, de 48 años y residente en Leesburg, en el centro de Florida, fue arrestado por hacer declaraciones falsas en relación con la adquisición de armas de fuego que compró en 2023 para entregar a otras personas.
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Algunas de estas armas fueron interceptadas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) cuando otros individuos "intentaban transportarlas a través de la frontera de Estados Unidos con México", señaló la fiscalía en un comunicado.
En mayo de 2023, agentes de CBP detuvieron a una persona en el puerto de entrada de Eagle Pass, Texas, cuando intentaba introducir a México 10 pistolas, nueve rifles, siete escopetas, 20 cargadores y grandes cantidades de munición variada.
El arrestado confesó a las autoridades que viajaba con las armas desde Orlando, Florida, a San Diego, California, y a Guanajuato, México, un "área donde los carteles mexicanos luchan por el control del territorio".
Y en noviembre de ese mismo año, nuevamente agentes de CBP arrestaron a otra persona en el mismo puerto de entrada a México cuando intentaba meter ilegalmente cinco armas de fuego, dos de las cuales las había adquirido Medina.
Una verificación de registros realizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) mostró que, entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, Medina había comprado 82 armas de fuego por un total de unos 42 mil dólares, "una cantidad que excedía su ingresos anuales declarados".
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La investigación también reveló que otra arma de fuego comprada por una persona asociada con Medina había sido recientemente recuperada y rastreada electrónicamente por las autoridades mexicanas utilizando el sistema e-Trace de la ATF.
Si es declarado culpable, Medina enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión por el delito de "declaración materialmente falsa".