AP.- Un juez federal bloqueó temporalmente este lunes una ley de Iowa que habría permitido a las autoridades policiales del estado presentar cargos penales en contra de personas que tienen órdenes de deportación pendientes o a las que se les había negado previamente el ingreso a Estados Unidos.
El juez de distrito Stephen Locher emitió la orden preliminar porque señaló que era posible que el Departamento de Justicia y grupos defensores de los derechos civiles que interpusieron una demanda contra el estado tuvieran éxito en sus argumentos de que la ley federal de migración tiene primacía sobre la ley que fue aprobada por los legisladores de Iowa hace unos meses. Locher bloqueó la entrada en vigor de la ley “a la espera de procedimientos posteriores”.
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“Como cuestión política, la nueva iniciativa podría ser defendible (...) No así como una cuestión de derecho constitucional”, escribió Locher en su decisión.
La ley de Iowa, que estaba programada para entrar en vigor el 1 de julio, permitiría que las autoridades policiales presentaran cargos contra personas con órdenes de deportación pendientes o que habían sido repatriadas o se les había negado admisión previa a Estados Unidos. Una vez detenidos, los migrantes tendrían la opción de aceptar la orden de un juez de salir del país o ser procesados, y enfrentar posibles sentencias en prisión antes de ser deportados.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México celebró la determinación en Iowa a través de sus redes sociales.
México toma nota favorable de la suspensión temporal de la implementación de la Ley #SF2340, la cual criminaliza a la población migrante en Iowa.
Desde México, rechazamos cualquier ley discriminatoria y continuaremos trabajando por la protección y el respeto de nuestras y…— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 18, 2024
Al momento de aprobar la ley, la legislatura de Iowa, de mayoría republicana, y la gobernadora Kim Reynolds señalaron que tomaron la medida porque el gobierno del presidente Joe Biden no había tenido éxito en su intento de controlar a la migración a lo largo de la frontera sur del país.
En los argumentos que le fueron presentados a Locher la semana pasada, el estado señaló que la ley de Iowa únicamente le permitiría a las autoridades policiales y a los tribunales del estado aplicar la ley federal, no crear una nueva.
Las autoridades federales determinan quién infringe la ley de migración de Estados Unidos, argumentó en su momento Patrick Valencia, subprocurador general de Iowa, pero una vez que eso ha sido determinado, esa persona también infringe la ley estatal.
“Tenemos una ley que adopta el estándar federal”, declaró Valencia.
Sin embargo, el gobierno federal y grupos defensores de los derechos civiles aseguraron que la ley de Iowa violaba la potestad única del gobierno federal en materia de migración y crearía una serie de problemas y confusiones.
Christopher Eiswerth, abogado del Departamento de Justicia, y Emma Winger, representante del Consejo Estadounidense de Inmigración, señalaron que la nueva ley de Iowa no establecía excepciones para personas que fueron deportadas previamente y ahora se encontraban legalmente en el país, incluidos los solicitantes de asilo.
La ley es similar, pero menos amplia, a una medida de Texas que apenas estuvo en vigor durante algunas confusas horas en marzo, antes de que fuera suspendida por un panel de tres jueces de una corte federal de apelaciones.
El Departamento de Justicia también ha anunciado que intentaría detener una ley similar en Oklahoma.
Brenna Bird, fiscal general de Iowa, dijo en un comunicado que apelará la decisión del juez.
“Estoy decepcionada por la decisión de este día por parte de la corte, la cual le impide a Iowa detener el reingreso ilegal y mantener seguras a nuestras comunidades”, declaró Bird. “Ya que Biden se niega a reforzar nuestras fronteras, ha dejado a los estados sin otra opción que hacer el trabajo por él”.
Reynolds emitió un comunicado en el que también expresó su frustración por el fallo del juez y criticó a Biden.
“Promulgué este proyecto de ley para proteger a los habitantes de Iowa y a nuestras comunidades de los resultados de esta crisis fronteriza: mayor delincuencia, muertes por sobredosis y tráfico de personas”, manifestó Reynolds.
Rita Bettis Austen, directora jurídica de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Iowa, una de las organizaciones que interpuso la demanda, elogió la decisión del juez, diciendo que la ley le arrojaba una responsabilidad federal a la policía local, que no estaba preparada para asumir ese papel.
Bettis Austen dijo que la ley está “entre las peores leyes contra la migración en la historia de Iowa”, y agregó que “exponía incluso a los migrantes legales, e incluso a niños, a graves riesgos: arresto, detención, deportación, separación familiar y encarcelación, por parte del estado”.