Un grupo de congresistas de Estados Unidos pidió este jueves a la Corte Suprema desestimar la demanda presentada por el gobierno de México en contra de los fabricantes de armas estadounidenses.
En un comunicado de prensa, el congresista Darrell Issa y el senador Ted Cruz informaron que presentaron un escrito amicus curiae, en el que dan su opinión jurídica sobre el caso, al que se sumaron al menos 25 legisladores, la Coalición de Responsabilidad Reguladora de Armas de Fuego y la Fundación Nacional de Deportes de Tiro.
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Los congresistas expresaron su rechazo a la demanda en la que se argumenta que los responsables del tráfico de armas en la frontera sur de Estados Unidos que impacta en la problemática social en México, son los fabricantes estadounidenses.
Detallaron que el gobierno mexicano presentó su demanda ante el Tribunal de Distrito de Massachussetts, el cual la desestimó el caso afirmando que se trataba de una violación la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés).
En cambio, el Tribunal del Primer Circuito revocó esa resolución.
El congresista Issa comentó que "el caso representado por el gobierno mexicano ignora la soberanía estadounidense al desestimar la lectura clara de nuestra Segunda Enmienda y culpar a las empresas privadas estadounidenses por el crimen y la anarquía que estamos viviendo en ambos lados de las fronteras abiertas por Biden".
México alega en la demanda, presentada en 2021, que las empresas socavaron sus estrictas leyes sobre armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar de maneras que sabían que apoyarían a los cárteles de la droga, lo que facilitó asesinatos, extorsiones y secuestros en el país.
El gobierno mexicano dice que más de 500 mil armas se trafican anualmente desde Estados Unidos a México, de las cuales más del 68% son fabricadas por las ocho empresas incluidas en el caso, entre las que también están Sturm, Ruger & Co., Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
México sostuvo que el contrabando ha contribuido a las elevadas tasas de muertes relacionadas con posesión de armas, a una disminución de la inversión y la actividad económica, y a la necesidad de gastar más en seguridad pública. Las empresas niegan las acusaciones.
Con información de Reuters