Reuters.- El Senado de Estados Unidos votó a última hora de la noche del viernes a favor de reautorizar un controvertido programa de vigilancia, evitando por poco la expiración del programa a la medianoche, y la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden lo firmaría rápidamente.
La reautorización asegura lo que los partidarios llaman un elemento clave de la recopilación de inteligencia extranjera de Estados Unidos.
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"Demócratas y republicanos se unieron e hicieron lo correcto para la seguridad de nuestro país", dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.
"Todos sabemos una cosa: dejar caducar la FISA sería peligroso. Es una parte importante de nuestra seguridad nacional, para detener actos de terrorismo, tráfico de drogas y extremismo violento".
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que la legislación era una de las herramientas de recopilación de inteligencia más importantes de Estados Unidos, y que Biden la firmaría rápidamente.
El artículo 702 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Exterior, o FISA, forma parte de un conjunto de autorizaciones aprobadas tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 que permiten a las agencias de espionaje estadounidenses vigilar a personas en el extranjero utilizando datos extraídos de la infraestructura digital de Estados Unidos, como los proveedores de servicios de internet. La información se utiliza para rastrear a espías enemigos, piratas informáticos y militantes extremistas.
La FISA ha suscitado críticas tanto de legisladores republicanos como demócratas, que sostienen que viola el derecho constitucional de los estadounidenses a la privacidad. El proyecto de ley fue bloqueado tres veces en los últimos cinco meses por los republicanos de la Cámara de Representantes que se oponían a la mayoría de su partido, antes de ser aprobado la semana pasada por 273 votos a favor y 147 en contra, al acortarse su duración de cinco a dos años.
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La Casa Blanca, los jefes de los servicios de inteligencia y los principales legisladores del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes han afirmado que no reautorizar el programa podría tener efectos potencialmente catastróficos.
Aunque el derecho a la intimidad está consagrado en la Constitución de Estados Unidos, los datos de ciudadanos extranjeros recogidos por el programa incluyen a menudo comunicaciones con estadounidenses, y pueden ser extraídos sin orden judicial por cuerpos de seguridad nacionales como el FBI.
Esto ha alarmado tanto a los republicanos de línea dura como a los demócratas de extrema izquierda. Las recientes revelaciones de que el FBI utilizó este poder para buscar información sobre manifestantes de Black Lives Matter, donantes de la campaña del Congreso y legisladores estadounidenses han suscitado nuevas dudas sobre la integridad del programa.