AP.- Algunos estados con gobiernos republicanos han dicho que no permitirán que los observadores electorales del Departamento de Justicia ingresen a los lugares de votación el día de las elecciones, oponiéndose a la práctica de décadas del gobierno federal de supervisar en busca de violaciones a las leyes federales de votación.

Funcionarios en Florida y Texas han dicho que no permitirán la entrada de observadores electorales federales en los sitios de votación el martes.

Y el lunes, Missouri presentó una demanda federal para solicitar una orden judicial que bloquea a los funcionarios federales de observar dentro de los lugares de votación. Texas siguió con una demanda similar en la que pretendía prohibir permanentemente el monitoreo federal de comicios en el estado.

El Departamento de Justicia anunció la semana pasada que está desplegando observadores electorales en 86 jurisdicciones en 27 estados el día de las elecciones. El departamento declinó comentar el lunes sobre las medidas tomadas por estados con gobiernos republicanos, pero presentó papeles judiciales en los que exhortó a denegar la solicitud de Missouri.

La contienda entre la nominada demócrata Kamala Harris y el nominado republicano Donald Trump está muy reñida, y ambos bandos se preparan para posibles impugnaciones legales a los resultados. El programa de monitoreo electoral del Departamento de Justicia, una práctica prolongada bajo gobiernos demócratas y republicanos, tiene el objetivo de asegurarse de que se cumplan los derechos de votación federales.

Aquí un vistazo a los observadores electorales y las acciones de los estados:

¿Quiénes son los observadores electorales?

Los observadores electorales son abogados que trabajan para el Departamento de Justicia, en particular en la división de derechos civiles y en las fiscalías federales en todo el país. No son agentes policiales ni agentes federales.

Durante décadas, la división de derechos civiles del Departamento de Justicia ha enviado abogados y miembros de su personal a supervisar los centros de votación de todo el país, tanto en elecciones federales como no federales. Los supervisores tienen la misión de garantizar el cumplimiento de las leyes federales sobre el derecho al voto.

La división de derechos civiles del Departamento de Justicia hace cumplir una serie de leyes que protegen el derecho de voto. Entre ellas se incluye la Ley del Derecho al Voto, que prohíbe la intimidación y las amenazas contra quienes están emitiendo o contando votos, así como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, que obliga a los funcionarios electorales a garantizar que las personas con discapacidad tengan oportunidades plenas e iguales de votar.

“El Departamento de Justicia tiene una historia de casi 60 años de atender problemas en el día de las elecciones con el fin de salvaguardar el derecho al voto de ciudadanos afroameicanos y otras comunidades de color”, dijo Edward Casper, abogado copresidente interino del Comité de Abogados por los Derechos Civiles según la Ley.

¿A dónde se envían los monitores electorales?

Las 86 jurisdicciones a las que el Departamento de Justicia enviará monitores el martes incluyen el condado de Maricopa, Arizona, y el condado de Fulton, Georgia, que en 2020 se convirtió en el centro de las teorías de conspiración electoral difundidas por Trump y otros republicanos.

Otro lugar en la lista es el condado de Portage, Ohio, donde un comisario fue objeto de críticas por una publicación en redes sociales en la que dijo que se debería anotar la dirección de las personas con carteles de Harris en el jardín para que se puedan enviar los migrantes a vivir con ellos si la demócrata gana la presidencia

Otras zonas a las que se enviarán observadores federales son Detroit; Queens, Nueva York; Providence, Rhode Island; condado Jackson, Dakota del Sur; Salem, Massachusetts; Milwaukee; Manassas, Virginia; condado Cuyahoga, Ohio, y Northwest Arctic Borough, Alaska. Habrá observadores del Departamento de Justicia en St. Louis, cuatro jurisdicciones de Florida y ocho jurisdicciones de Texas.