Este martes 1 de octubre, mientras en México la banda presidencial cambiaba de manos de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum Pardo, el caso de Genaro García Luna tuvo un nuevo giro al oficializarse el aplazamiento de la sentencia contra el exfuncionario federal, quien deberá esperar hasta el próximo 16 de octubre para conocer la pena en su contra.
De acuerdo con la Corte de Brooklyn que maneja el caso de García Luna, el aplazamiento de este 1 de octubre se da a ocho días de la fecha pactada inicialmente, pues el exsecretario de Seguridad federal de México iba a conocer su sentencia, sin embargo, se modificó para la tarde del 16 de octubre, a las 3:30 de la tarde, hora de Nueva York.
Se trata de la quinta vez que la sentencia contra el funcionario durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa mueve su fecha, pues desde 2023, ya declarado culpable de cinco cargos de narcotráfico y falsedad de declaración, García Luna se mantiene a la espera de sentencia.
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En primera instancia, la sentencia tenía fecha para ser dictada el 27 de junio de 2023; luego, hacia finales de año, se modificó para el 3 de marzo de 2024; después, para el 6 de junio y posteriormente para el 9 de octubre de 2024, más este último aplazamiento.
Cabe recordar que la fiscalía que lleva el caso pretende para García Luna una sentencia de cadena perpetua, además de la obligación pagar una multa de al menos 5 millones de dólares.
En tanto, la defensa del exfuncionario federal, encabezada por el abogado César de Castro, busca que su cliente purgue una pena de 20 años en la cárcel, periodo de tiempo que equivale al tiempo en que García Luna trabajó como funcionario público en México.
Por su parte, García Luna escribió una carta, difundida por su defensa a mediados de septiembre, en la que, además de sostener su inocencia, señala que los mismos testigos que declararon en su contra también han señalado los vínculos del actual gobierno de México con la delincuencia organizada.
García Luna, detenido en diciembre del 2019 por presuntos nexos con la delincuencia organizada, en la misiva señala que en los registros oficiales de México y Estados Unidos hay pruebas de los vínculos de los operadores de Morena con grupos criminales e incluso con cercanos a quienes declararon en su contra.