EFE.- El expresidente estadounidense Donald Trump presentó este lunes una petición para que se archive su causa penal en el estado de Georgia y argumentó que tenía inmunidad cuando los hechos ocurrieron.
Es un argumento muy parecido al utilizado por su defensa en el caso penal en Washington, en el que este martes se celebrará una audiencia ante un tribunal de apelaciones federal que está estudiando si admite o no ese alegato.
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Las dos causas judiciales tienen que ver con los esfuerzos de Trump de interferir en el resultado de las elecciones a la Casa Blanca de 2020, que perdió frente al ahora presidente, el demócrata Joe Biden.
“La acusación en este caso imputa al presidente Trump actos que se encuentran en el centro de sus responsabilidades oficiales como presidente. La acusación choca con su inmunidad presidencial y debe ser desestimada”, apuntaron los abogados en la petición presentada ante la Justicia estatal de Georgia.
La estrategia de la defensa es la misma en la que los abogados han insistido, desde el inicio, que las acciones de Trump entran dentro de sus obligaciones como mandatario.
En Georgia, Trump está acusado junto a 18 cómplices de formar una asociación delictiva con el objetivo de alterar el resultado de las presidenciales de 2020 en ese estado.
La sorprendente acusación de asociación delictiva es la misma que ha sido utilizada en el pasado para descabezar organizaciones mafiosas. Los fiscales quieren enjuiciar a Trump en agosto de 2024, a sólo tres meses de los nuevos comicios presidenciales.
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En el corazón de este caso está la llamada que Trump hizo a la máxima autoridad electoral de Georgia, Brad Raffensperger, días después de las presidenciales de 2020 pidiéndole que “encontrara 11 mil 780 votos” con los que le hubiera arrebatado ese estado a Biden.
Una llamada que Raffensperger grabó y luego filtró.
Además de la presión sobre Raffensperger, los fiscales acusan a Trump y a sus cómplices de intentar persuadir a los legisladores de Georgia de ignorar la voluntad popular expresada en las urnas y de acosar a un trabajador electoral.
En total, el expresidente podría ser condenado a un máximo de 76 años y medio de cárcel.