EFE.- Trabajadores indocumentados instaron este jueves al gobierno de Joe Biden a extender el plazo de una protección otorgada a aquellos que han sido víctimas o testigos de abuso por parte de sus empleadores, durante una protesta en Washington.

Más de cien trabajadores y activistas de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, en inglés) se manifestaron esta mañana frente a la Casa Blanca para presionar por la renovación de permisos de trabajo otorgados como parte de un alivio migratorio especial establecido por la administración Biden para estos empleados.

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El Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) autorizó otorgarles permiso de trabajo a los migrantes indocumentados víctimas o testigos de abusos laborales.

Sin embargo, la validez de muchos de estos documentos está por expirar, lo que los dejará en el limbo.

“No es posible que los permisos de trabajo se nos vayan a cancelar cuando ni siquiera hemos recibido el pago por el robo de salario del cual fuimos víctimas”, dijo a EFE el migrante mexicano Rosario Ortiz, que asistió al llamado.

Ortiz fue uno de los primeros favorecidos con el programa autorizado por el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas.

El mexicano fue víctima de robo de salarios y amenazas de deportación en la empresa de pinturas en la que trabajaba en Las Vegas.

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Apoyado por el Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas, que hace parte de NDLON, Ortiz y sus compañeros emprendieron la lucha en 2020, que los llevó a hablar con el entonces secretario de Trabajo, Marty Walsh y con Mayorkas, logrando el beneficio de una Acción Diferida.

El DHS no ha ampliado el permiso

“Sabemos que la Acción Diferida es renovable, pero el gobierno no nos ha respondido sobre cuál es el proceso que deben seguir los indocumentados para renovar”, explicó a EFE Bliss Requa-Trautz, directora de Arriba Las Vegas.

Jonas Reyes, otro de los afectados por las denuncias contra la empresa de pinturas Unforgettable Coatings, con operaciones en Nevada y otros cuatro estados, dijo a EFE que “necesita” la renovación de su permiso de trabajo para continuar con la lucha por su salario no pagado.

El pasado 13 de enero, la compañía llegó a una acuerdo por casi 3.7 millones de dólares de compensación por salarios robados, multas y daños, como resultado de una investigación del Departamento de Trabajo (DOL, en inglés).

No obstante, los trabajadores aún no han recibido el pago. “Necesitamos que (Mayorkas) nos cumpla la promesa que nos hizo”, subrayó Ortiz.

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A los trabajadores de Nevada se unieron indocumentados de California, Illinois, Texas, Arizona, Nueva York, New Jersey y Florida, que se encuentran en el mismo dilema.

“No sería justo que estos trabajadores que están colaborando con la justicia no puedan renovar sus permisos de trabajo, especialmente aquellos que su caso no se ha cerrado. Necesitamos un compromiso del gobierno Biden“, afirmó Requa-Trautz.

En julio pasado, un migrante guatemalteco de 16 años murió tras sufrir un accidente mientras trabajaba en la planta avícola Mar-Jac en la ciudad de Hattiesburg (Mississippi.).

“No podemos esperar a que más indocumentados mueran en su lugar de trabajo. Por eso urgimos a aquellos trabajadores que crean ser víctimas de abuso a buscar apoyo en los centros de trabajo de NDLON”, señaló Sarmiento.