AP.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el sábado que las familias de los niños separados de sus padres en la frontera con México durante la presidencia de Donald Trump deberán ser compensadas, en un momento en que el Departamento de Justicia está negociando un acuerdo con las familias afectadas.
Alzando la voz, Biden dijo que sin importar las circunstancias, las personas a quienes les quitaron a sus hijos bajo la política de separación de familia del gobierno de Trump, cuya intención era disuadir a las familias de cruzar Estados Unidos sin autorización, deben ser remunerados.
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"Si, en efecto, debido al comportamiento indignante de la administración pasada, cruzaste la frontera, ya sea de forma legal o ilegal, y perdiste a tu hijo \u2014perdiste a tu hijo, ya no está\u2014 mereces algún tipo de compensación, sin importar la circunstancia", dijo Biden. "No tengo idea lo que será. No tengo idea".
Poco después de ocupar el mando, Biden creó una fuerza especial para intentar reunificar a cientos de menores y padres afectados por la política, que estuvo vigente durante varios meses durante el 2018 y generó indignación nacional e internacional.
El gobierno consideraba pagos de alrededor de 450 mil dólares a cada persona afectada, pero desde entonces ha cambiado la cifra, aunque no drásticamente, le dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las conversaciones que habló bajo condición de anonimato porque son privadas.
Las conversaciones siguen en curso y no hay garantía de que ambas partes lleguen a un acuerdo.
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Aproximadamente cinco mil menores fueron separados de sus padres bajo la norma de "tolerancia cero" de Trump, cuando los padres eran enjuiciados por cruzar la frontera ilegalmente, según documentos en un caso federal en San Diego. Los deficientes sistemas de rastreo provocaron que muchas familias siguieran separadas durante un tiempo prolongado. Los pagos tienen la intención de compensar el trauma psicológico.
Los abogados de las familias también exigen estatus legal en Estados Unidos para quienes fueron separados bajo la práctica, a la que un juez puso fin en junio de 2018, seis días después de que Trump la detuviera ante la presión internacional.