Congresistas de Estados Unidos enviaron este miércoles una carta a Katherine Tai, representante comercial de EU; Antony Blinken, secretario de Estado; Gina Raimondo, la secretaria de Comercio y Jennifer Granholm, secretaria de Energía, en la que aseguraron que el gobierno de México ha emprendido acciones discrimatorias contra las empresas privadas en el sector energético.

“El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido su objetivo explícito de brindar un trato preferencial a las empresas energéticas nacionales de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en directa contradicción con el T-MEC, que su propia administración negoció y firmó. Su administración y su partido han defendido los esfuerzos regulatorios y legislativos que los tribunales mexicanos han dictaminado que son anticompetitivos y perjudiciales para el medio ambiente“, dice la carta.

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La misiva, firmada por 40 congresistas, destaca que tales acciones “son perjudiciales para la inversión estadounidense, los trabajadores estadounidenses y el compromiso de América del Norte con la sostenibilidad, todos los cuales son conceptos protegidos por el T-MEC“.

“En las últimas semanas, se han intensificado las acciones de ejecución discriminatorias y arbitrarias. A través de lo que parece ser un uso selectivo de la autoridad, han obstaculizado explícitamente, y en algunos casos bloqueado por completo, la participación del sector privado estadounidense en los mercados de combustibles de México“, acusan los congresistas.

“Escribimos para expresar nuestra grave preocupación por los informes sobre los esfuerzos cada vez mayores del gobierno de México para excluir a las empresas privadas de su sector energético en contravención de sus compromisos internacionales, incluido el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC)”, dice la carta fechada este 3 de noviembre.

El grupo de congresistas republicanos, encabezados por Earl L. Carter y David B. McKinley, P.E., acusaron que “el gobierno mexicano ha suspendido los permisos de varias terminales de almacenamiento de combustible de propiedad estadounidense, mientras utiliza la Guardia Nacional para forzar el cierre de 23 instalaciones relacionadas con el combustible, como sitios de almacenamiento y cierres parciales de otros 17″.

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Los republicanos indican en su carta que tales acciones van encaminadas a “sofocar la competencia del sector privado. En junio, la autoridad fiscal de México modificó las Reglas Generales de Comercio Exterior, prohibiendo a las empresas obtener o renovar los tres permisos anuales que se requieren para que las terminales de combustible sirvan como puntos de entrada y salida de hidrocarburos”.

Los legisladores estadounidenses aseguran que las políticas proteccionistas del gobierno mexicano tienen costos significativos. “La agencia antimonopolio de México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ha advertido que restringir al sector privado participación conduciría a ‘una restricción artificial e injustificada del suministro de bienes y servicios, perjudicando a los consumidores mexicanos‘”, dice el documento.

Además, destacan que México no logrará cumplir con sus metas de energía limpia, de acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico de Energía (Prodesen).

“La abrumadora lista de acciones discriminatorias hace tiempo que pasó el punto de ‘simplemente’ plantear serias preguntas sobre los compromisos del presidente López Obrador con la letra y el espíritu de la T-MEC. De hecho, sugieren que el gobierno mexicano está intentando de manera proactiva promulgar políticas y tomar acciones que violen y socaven el tratado”, aseguran.

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Los republicanos exigieron a los representantes del gobierno de Biden una respuesta “oportuna y clara” a las “acciones discriminatorias contra empresas estadounidenses” afectadas por la reforma energética.

“Los instamos a que redoble sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las acciones discriminatorias y brinden a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México un campo de juego nivelado, como lo prevé el T-MEC“, finalizan los congresistas.