EFE.- La familia de Ghislaine Maxwell, la heredera británica acusada en Estados Unidos de captar adolescentes para que Jeffrey Epstein abusara sexualmente de ellas, ha denunciado su “detención arbitraria” ante la ONU, según anunciaron sus abogados.

Los hermanos de Maxwell alegan que lleva “erróneamente en confinamiento solitario unos 500 días” y que han violado su derecho a defensa y su presunción de inocencia, por lo que han recurrido a dos abogados expertos en derechos humanos para elevar una queja al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

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Maxwell, de 59 años, está presa en un centro de Brooklyn desde julio de 2020, cuando fue arrestada en una mansión de New Hampshire tras permanecer un año en paradero desconocido, siguiendo al suicidio en prisión de Epstein.

Está acusada de ayudar al fallecido empresario a reclutar menores para sus actividades de tráfico sexual, y se enfrenta a un máximo de 80 años tras las rejas si es hallada culpable en un juicio que ha comenzado ya en Nueva York con la selección del jurado.

La presunta socia de Epstein, que defiende su inocencia, ha denunciado a través de sus abogados las condiciones de insalubridad de la cárcel, una vigilancia las 24 horas que no le permite descansar, y ha solicitado cuatro veces sin éxito su liberación bajo fianza.

Los abogados, Fran\u00e7ois Zimeray y Jessica Finelle, argumentan en una carta resumen sobre la queja a la ONU que Maxwell está sometida a unas condiciones “inusualmente rigurosas”, algo que califican de “injustificado y discriminatorio”, y sugieren que Estados Unidos la quiere mantener viva “a todo costo”.

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“Es como si Ghislaine Maxwell estuviera sufriendo las consecuencias del fracaso de la Administración de Estados Unidos para preservar la vida de Jeffrey Epstein y asegurar que se presenta al juicio”, dicen.

Asimismo, denuncian que es “percibida y tratada” como culpable debido a los numerosos documentales, libros y artículos que documentan las alegaciones en su contra y acusan a los fiscales estadounidenses de no “intentar mitigar los efectos de esta demonización”.

Zimeray y Finelle cuestionan que la acusada “pueda tener un juicio justo” y piden hacer una reflexión sobre la “creciente dificultad para alcanzar juicios imparciales cuando los acusados que van al tribunal no sólo enfrentan el peso de lo que se les ha imputado, sino el lastre de los prejuicios mediáticos”.

“Hay una fina línea entre la justicia y la venganza. No estamos luchando contra las denunciantes, sino contra la arbitrariedad”, señalan.