La defensa de Shakira, quien está acusada de fraude fiscal en España, argumenta que la cantante disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas y que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar.
De acuerdo con fuentes jurídicas, un perito designado por la defensa de la artista colombiana y un inspector de la Agencia Tributaria española comparecieron este jueves ante el juzgado de Barcelona donde se le investiga por defraudar presuntamente 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.
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La polémica central entre los abogados de la intérprete de La tortura y las autoridades es si la cantante vivió en España más de 183 días al año, tiempo mínimo para adquirir la condición de residente fiscal.
La demanda de la Fiscalía está basada en informes de la Agencia Tributaria que sostienen que Shakira eludió el pago de impuestos a la Hacienda española simulando que no residía en este país y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales.
Su defensa argumenta que, durante los ejercicios investigados, esta disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas, acreditación que los inspectores españoles no reconocen a efectos de residencia fiscal.
La estrella, que declaró ante el juez como investigada, sostuvo que antes de 2015 sólo visitaba puntualmente la capital catalana con motivo de su relación con el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué.
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Shakira y el futbolista comenzaron a ser pareja en 2011 y tienen dos hijos, nacidos en 2013 y 2015.
Más allá de los días de residencia efectiva, las partes no discuten ni la cuota defraudada, que la cantante ya devolvió a Hacienda, ni el entramado de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo con las que canalizaba los beneficios de su actividad profesional.
La Fiscalía acusa a Shakira y a su asesor fiscal en Estados Unidos de seis delitos contra la Hacienda pública y les inculpa de tramar un “plan” para no pagar los impuestos que le correspondían, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía.
Además, añade la querella, la intérprete suscribió acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, para lograr unas condiciones “específicas y privilegiadas de tributación”, cuando ya residía en España y tenía la obligación de pagar sus impuestos en este país.
En total, el litigio estima en 12.3 millones de euros la cantidad que debió tributar por IRPF (impuesto sobre las rentas percibidas) de 2012, 2013 y 2014 y en casi 2.2 millones de euros lo que debió pagar a la hacienda de la región de Cataluña por el patrimonio de que dispuso en esos años.
El procedimiento está aún en fase de instrucción y la cantante ofrece su “disposición absoluta a colaborar" para solucionar "la diferencia de criterio”, según un comunicado de su defensa.
Con información de EFE