Por Jorge Monroy
?Integrantes del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE) un informe con los resultados de la observación realizada durante el periodo de campaña del 1 de marzo al 29 de mayo, en el que advierte tres riesgos de cara a los comicios del domingo.
?“El primer riesgo que hemos identificado tiene que ver con las capacidades operativas del Instituto Nacional como de los institutos públicos locales electorales durante la jornada y durante la etapa de escrutinio y cómputo; nos preocupan renuncias, sustituciones de diversos niveles de funcionarios, de supervisores electorales, asistentes y capacitadores electorales”, dijo Karolina Gilas, coordinadora del cuarto informe.
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Señaló que el segundo riesgo que detectaron durante el proceso electoral es la violencia e indicó que hasta el cierre de campañas se registraron 320 eventos violentos, incluyendo 83 asesinatos, de esos 36 fue de candidatos.
?“El tercer riesgo que identificamos es la capacidad de arbitraje de las autoridades electorales”, mencionó. Al respecto, dijo que la preocupación es por la falta de integración adecuada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de los tribunales locales.
?“La integración incompleta de todos los tribunales estatales, pero también del tribunal federal, de todas sus salas, en particular, la Sala Superior del TEPJF, que tendrá que calificar la elección presidencial, estimamos que representa un factor de incertidumbre y posibles cuestionamientos de legitimidad ante los litigios postelectorales, en especial de la resolución relativa a la declaración de validez de la elección presidencial o elecciones estatales que lleguen a ser altamente competitivas”, destacó.
?A su vez, Luis Fernández, secretario técnico del ANIE, alertó sobre la posible participación de funcionarios de todos los niveles de gobierno para hacer campaña, además del posible uso de recursos públicos con fines electorales.
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?La consejera Dania Ravel explicó que el Consejo General del INE aprobó mecanismos para evitar que los servidores de la nación pudieran intervenir en el proceso electoral.