Por Jorge Monroy
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la petición de los presidentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, para que ese órgano elabore un mapa de riesgo de inseguridad, y con base en ello atraer los comicios en aquellos estados con potencial violencia.
La propuesta fue presentada este miércoles por el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, quien afirmó que el gobierno federal se negó a elaborar el mapa de riesgo, el cual fue elaborado por la coalición de partidos de oposición.
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“Les tuvimos que hacer la tarea y establecer este mapa de riesgo de acuerdo a todos los registros que nosotros teníamos de las últimas elecciones de 2018 y 2021, y la reiterada manifestación de los grupos delincuenciales en el intervencionismo del proceso electoral. Les hicimos la tarea. Ahora lo único que tienen que hacer es aplicarla, agarrar ese mapa de riesgo y procurar que la jornada electoral pueda desarrollarse de manera pacífica”, planteó.
El representante del PRD, Ángel Ávila, afirmó que documento que firman los tres presidentes nacionales y Santiago Creel, coordinador de campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, “quiere poner luz sobre eso, quiere auxiliar a este Consejo General para decirles que en un tercio de las secciones electorales hay preocupación de que el crimen organizado pueda intervenir en el proceso electoral”.
Gerardo Fernández Noroña, representante del PT, planteó que la oposición no pretende cuidar a los ciudadanos, sino que, con base en el mapa de riesgo, impugnar la elección presidencial del próximo 2 de junio.
En el proyecto, impulsado por los dirigentes del PAN, PRI y PRD, argumentaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al INE reglamentar una facultad de atracción preferente para que pueda hacerse cargo de alguna elección municipal o estatal, en cualquier etapa, en la que se advierta la existencia de factores de riesgo de violencia por parte de grupos criminales.
Sin embargo, por unanimidad, el Consejo General del INE rechazó la propuesta. Arturo Castillo afirmó que sin seguridad se afectarían prácticamente todas las libertades, no sólo la de votar. Sin embargo, dijo, el organismo no puede sustituir en sus funciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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“¿Qué sí podemos hacer? Podemos integrar una lista nominal de electores, podemos instalar las casillas, podemos capacitar a nuestros funcionarios para que lleven a cabo sus funciones el día de la jornada electoral de manera adecuada, (…) nos podemos coordinar con otras autoridades para que todas las cuestiones materiales, institucionales y legales necesarias para ejercer un voto libre y secreto se lleven a cabo con absoluta eficacia”, argumentó.
En el mismo sentido, la consejera Carla Humphrey refirió: “Es un tema en el que claramente no tenemos competencia directa como autoridad electoral, hay ya una sentencia de la Sala Superior”.