Por Jorge Monroy
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinará en su próxima sesión si los candidatos de Morena que actualmente cuentan con servicios públicos de protección, como es el caso de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, deben reportar o no esos servicios como gasto de campaña, y si deben renunciar a ellos para apegarse al protocolo de resguardo fijado por el gabinete de seguridad federal.
En la sesión extraordinaria de este viernes, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, presentó un acuerdo que buscaba dar respuesta a esas dudas formuladas por el representante suplente de Morena, Eurípides Flores.
En un documento preliminar, el INE mencionó que el servicio de escolta con el que actualmente cuentan los candidatos que hayan sido funcionarios públicos de áreas estratégicas —como es el caso de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, exsecretario de Seguridad y exfiscal de la Ciudad de México, respectivamente—, “no supone un beneficio para la persona candidata que recibe el servicio de seguridad personal, respecto de sus contendientes en el proceso electoral, al tratarse de servicios proporcionados por el estado, por lo que no se afectaría el tope de gastos de las candidaturas”.
Sobre si deben renunciar a ese servicio, el documento mencionó que el candidato es libre de decir si continúa o no con ese servicio.
Sin embargo, en la sesión del Consejo General este viernes, por mayoría de los consejeros, el INE acordó posponer hasta próxima sesión la respuesta definitiva que dará a Morena.
El consejero Martín Faz propuso aplazar la discusión de este asunto, a fin de presentar una respuesta con aportaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización.
“Sé que también es un tema importante de resolver, porque están las campañas ya y tiene que ver con el tema de la fiscalización, pero creo que hay una serie de implicaciones que creo que bien valdría la pena revisar”, dijo.
El consejero Jaime Rivera consideró necesario que las personas que reciban esta protección y este beneficio, puedan exentar la obligación de reportar como gasto de campaña.
La consejera Carla Humphrey dijo que este tema podría considerarse como de seguridad nacional, porque “lo estamos viendo cuando se pide la seguridad para candidatas y candidatos, que quien hace los análisis de riesgo es la propia Guardia Nacional y determina si les va a dar un vehículo, dos, cuántos elementos.
“Creo que una cosa es un esquema de seguridad nacional de personas que tuvieron algún encargo, que por ese tema y la protección que tienen que tener, el Estado les asigna esta protección de acuerdo a lo que determina el análisis de riesgo de cada una de las personas y del cargo que ejercieron con los vehículos o el número de personas o lo que sea”, planteó.
Cabe destacar que, en el caso de la Ciudad de México, existe un acuerdo para la asignación del servicio de seguridad personal a exservidores públicos, que por motivo de las funciones que desempeñaron pudieran encontrarse en situación de riesgo, tal es el caso de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy.
Se establece que, en esos casos, el servicio de seguridad personal que se presta a los exservidores públicos será por cuatro años contados a partir de la terminación de su encargo.
Actualmente, García Harfuch y Godoy son candidatos de representación proporcional por Morena al Senado de la República.