Guillermo Calderón, director del Metro, le respondió a Santiago Taboada, candidato de la alianza PRI, PAN y PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien durante el primer debate acusó que la remodelación de la Línea 1 se hizo sin proyecto ejecutivo.
A través de su cuenta de la red social X, el funcionario respondió: “Se equivoca candidato. Tan existe un proyecto ejecutivo de la nueva Línea 1, que se cuenta con proyectos ejecutivos por especialidad".
"Más de 20 mil documentos han sido supervisados por la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) desde que inició la modernización. ¡Ni que fuéramos parte del 'Cártel Inmobiliario' (sic)!”, señaló Calderón.
El lunes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, destinó 20 minutos a responder a lo que llamó “las mentiras” dichas por el candidato opositor.
En un documento llamado “Artículo 134 constitucional. Criterios relevantes”, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece cuáles son las restricciones a gobernantes y funcionarios en época de elecciones.
De acuerdo con ese artículo de la Constitución “los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
El estudio de los criterios determina qué tipo de propaganda puede difundirse mientras se llevan a cabo las campañas electorales.
Señala que sólo pueden darse a conocer campañas institucionales sobre salud, protección civil o educativas y no deben incluir logotipos de ningún gobierno ni mencionar logros de las instituciones para evitar que se vulneren los principios de imparcialidad y equidad en las elecciones.
De acuerdo con el criterio del Tribunal Electoral, la propaganda no autorizada es la que lleva el nombre, silueta, fotografía, imagen o voz de un servidor público o símbolos, lemas o frases que puedan relacionar la publicidad con el servidor público.
Tampoco están permitidos los mensajes “que busquen obtener el voto a favor de un servidor público o un tercero o algún partido político, aspirante, precandidato o candidato (…) así como el resto de mensajes que pudieran influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”.